La empresa Air-e cumple un año desde que fue intervenida por el Gobierno nacional a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, tiempo que ha resultado siendo -según gremios y expertos en temas energéticos- un “caos” y sin “ninguna solución estructural” a un problema que pasó de ser netamente de la región Caribe a uno que inmiscuye a todo un país.

Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) hizo para Zona Cero una evaluación de la gestión adelantada por la SuperServicios en la compañía.

Indicó que con lo transcurrido hasta el momento queda evidenciado que la Superintendencia “no estaba preparada” para asumir una intervención de tamaña magnitud como lo es Air-e que atiende un mercado en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Señaló que la gestión ha sido “demasiado débil” y “pobre” sobre la operación de la compañía, su relacionamiento con la empresa intervenida y las acciones que ha tomado frente a los actores del mercado de la energía en el país.

“Llevamos cuatro delegados interventores de la empresa Air-e nombrados por la Superintendencia, cada dos o tres meses estamos cambiando de agente interventor. Las deudas pre-toma eran del orden de unos $700 mil millones y hoy esas deudas son $1.4 billones. Eso refleja la poca y baja gestión de la SuperServicios al frente de una empresa de distribución de este tamaño que atiende tres departamentos del Caribe colombiano”, afirmó.  

Finalizó diciendo que este no es un problema únicamente de la Superintendencia, sino también de país si no se atiende con prontitud y de manera estructural. Un colapso de Air-e terminará por afectar toda la cadena en la prestación del servicio eléctrico del país.

“Esto puede terminar en racionamientos de hasta el 30 y 35% por falta de suministro de energía en la región Caribe. Vamos a perder todos en el momento en que una empresa, que hace parte del eslabón de la cadena de prestación del servicio, se caiga y arrastre toda la cadena de la energía eléctrica en Colombia”, apuntó.

“No hay eco serio y responsable”

Rosmery Quintero, directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), precisó que en este año de intervención a Air-e no ha habido “eco serio y responsable” que analice la situación y establezca una ruta de mejora para la compañía.

“Si desde el mismo Gobierno nacional no hay un recurso suficiente para darle una solución de fondo a esta situación, todo va a ser un saludo a la bandera”, dijo.

Sostuvo que, si no se inyectan los recursos necesarios para salir de la crisis, ningún esfuerzo que se haga desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tendrá impacto.   

“Debemos respetar también los diferentes eslabones desde generación, distribución y comercialización de energía. Todos sabemos que las capacidades están en riesgo y de un apagón muy cercano que no solo afectará el Caribe, sino al país en su totalidad”, subrayó.

Precisó que como situación país le corresponde al Gobierno nacional, incluso a los legisladores, gestionar los recursos necesarios para dar una solución de fondo a Air-e.

Voluntad política, plata y regulación

César Uparela, directivo de Acopi y experto en temas energéticos, calificó de “desastre” el año de intervención de la SuperServicios en Air-e. Indicó que no ha habido continuidad administrativa y, por ende, afectaciones al objetivo de la toma de la compañía.

“Ha sido un desastre porque hemos tenido cuatro agentes interventores en menos de un año y no ha habido continuidad administrativa en esos cuatro interventores. Entonces, en una organización empresarial, cuando no hay continuidad administrativa, lo que ocurre es un desastre”, anotó.

Señaló que este es un problema que requiere de “voluntad política, plata y regulación por parte de la CREG” para solucionarlo.

“Mientras el Gobierno central no se meta la mano al bolsillo y no gire recursos a Air-e esto será un desastre, porque si le sigue debiendo a los generadores la compra de energía llegará el momento en que no van a venderle energía y quedaremos sin este servicio y tendremos un apagón”, dijo Uparela, al agregar que por ser este un sistema interconectado tendría esta situación repercusiones a nivel nacional.

Acciones legales

Desde la Veeduría Ciudadana, que está conformada por los gremios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, se interpuso ante Tribunal Administrativo del Atlántico una Acción de Cumplimiento contra SuperServicios y los ministerios de Hacienda y Minas para que gestionen, de manera inmediata, los recursos que requiere el Fondo Empresarial para resolver la crítica situación de liquidez que tiene hoy Air-e Intervenida.

Efraín Cepeda Tarud, presidente Ejecutivo del Comité Integremial del Atlántico y vocero de la Veeduría, precisó que la intervención ha sido una acción “improvisada” del Gobierno nacional y en donde ya han pasado tres Superintendentes, cuatro agentes interventores y se ha visto un incremento del 250% de la deuda que tiene la empresa con generadores y con otros proveedores.

“Esta es una situación crítica que amenaza el suministro eléctrico de más de 1.3 millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira y podría generar un colapso en el sistema eléctrico nacional”, afirmó.  

Cepeda anunció recientemente también que en paralelo se adelanta una acción de tutela ante el Consejo de Estado para que se garantice el acceso a la información sobre la situación financiera de la empresa y las dificultades operativas que tiene hoy Air-e Intervenida.

“Estamos esperando fallos favorables en este sentido, pero reiteramos que usaremos todos los recursos legales que estén a nuestro alcance para evitar un apagón en la región Caribe y exigir la prestación de un servicio estable y de calidad para los usuarios”, apuntó el dirigente gremial.

¿Gobierno no ha cumplido la ley?

Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios en la región Caribe, aseguró que Air-e un año después de ser intervenida no ha mejorado, por el contrario, ha aumentado su deuda y con riesgo a un apagón.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno nacional no estaría cumpliendo con lo ordenado en la Constitución y la ley en términos del proceso de intervención.

“Un año después, Air-e intervenida no ha habido incremento en inversiones, las deudas post-toma son de $1,7 billones, de los cuales $1,5 billones son deudas con el mercado eléctrico de generadores. Lo más grave es que el Gobierno no ha seguido los lineamientos constitucionales y legales, consignados en el artículo 365 de la Constitución y en las Leyes 142 y 143 de 1994”, dijo.

Señaló que estas normas ordenan que cuando el Gobierno interviene una empresa de servicios públicos a través de la SuperServicios debe mantener el servicio de manera continua y de calidad, además de honrar las nuevas deudas post intervención.

“Eso es lo que no se ha hecho. Los gobiernos anteriores le inyectaron $7,3 billones de pesos a Electricaribe intervenida entre 2016 y 2020, según cifras oficiales (…) Air-e está en situación de insolvencia que puede llegar a un colapso, no se ha estabilizado y ha faltado voluntad política del gobierno nacional para afrontar la intervención”, finalizó.