La Procuraduría General de la Nación pidió acciones eficaces con el fin de que se produzca la terminación del contrato de asesoría técnica celebrado entre la Triple A e Inassa, junto con la devolución por parte de las dos empresas, de la totalidad de los los dineros pagados con ocasión de dicha contratación, así como de aquellos recursos desfalcados por el exgerente Ramón Navarro Pereira y funcionarios actualmente investigados, debidamente actualizados y aplicados los intereses corrientes comerciales, así como la reliquidaciones de las utilidades a favor del Distrito de Barranquilla.

Igualmente, pidió se adopten y ejecuten medidas inmediatas y eficaces que sean necesarias para garantizar a los usuarios la recuperaciòn del control accionado de la Triple A a nombre del Distrito de Barranquilla, para cumplir con lo ordenado en el Acuerdo 023 de 1991 del Concejo.

Las peticiones les fueron planteadas al Alcalde Alejandro Char Chaljub, al Gerente encargado de la Triple A Ramón Hemer Redondo y a la Superintendente de Servicios Públicos Rutty Paola Ortiz jara, por parte de los Procuradores Judiciales para Asuntos Administrativos Welfran de Jesús Mendoza Osorio, Javier Francisco Lizcano Rivas, Juan Antonio Spirko Payares y Natalia Ordóñez.

En el escrito, los agentes del Ministerio Público recordaron que Inassa, domiciliada en Barranquilla, es la empresa matriz en Colombia del grupo Canal de Isabel II, a través de la cual ésta ingresó y tomó el control de la empresa Triple A a partir del año 2000, “pero cuyas actividades criminales fueron descubiertas en la denominada Operación Lezo abierta en el país ibérico en el año 2017 por la Fiscalía Anticorrupción y judicializada ante el Juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en cuya investigación se evidenció casos de compra fraudulenta y malversación a través de aquella en América Latina, que condujo a la captura y detención del expresidente de la comunidad de Madrid, España, Ignacio González, lo que alertó a la autoridades colombianas (Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación) a iniciar en este país las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes”.

Además, la Fiscalía General de la Nación, en la denominada Operación Acordeón Fase 1, “puso al descubierto la existencia de hechos punibles acaecidos en la empresa Triple A, ejecutados en el marco del contrato de Asesoría Técnica celebrado con la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. -Inassa- que involucra a los directivos, representantes legales y empleados de las firmas Triple A, Inassa y Recaudos y Tributos S.A. -R&T S.A.-, todas pertenecientes al denominado Grupo Inassa”.

En consecuencia, agregan, “de las investigaciones disciplinarias y penales a la fecha se puede evidenciar que pese a que Inassa no ha venido prestando la asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica respecto a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, la Triple A viene remunerando a Inassa mensualmente con el 4,5% del recaudo que por concepto de servicios ingresaban al patrimonio de la sociedad, en la que el Distrito de Barranquilla tiene el 14,5% del capital social, se insiste, sin que exista evidencia real de dicha prestación de los servicios objeto del contrato.

“Razones que nos obligan a solicitarles que tomen y ejecuten acciones drásticas para poner fin al predicho contrato de asistencia técnica, además de disponer lo necesario para el reintegro de la totalidad de las sumas de dineros desfalcadas ilícitamente por Ramón Navarro Pereira, quien fue Gerente de la empresa y aceptó cargos en la audiencia de imputación realizada en el Juzgado 25 Penal Municipal con Funciones de Garantías, y los representantes de la empresa Inassa entre los años 2012 y 2015, tal como ha sido descubierto hasta ahora, sin perjuicio del avance de las investigaciones penales y disciplinarias abiertas a la fecha”.

Por otra parte, señalan que en virtud a que no se tiene conocimiento que el Distrito de Barranquilla haya hecho algo por impedir el desfalco de los dineros públicos con los pagos a Inassa de un contrato de asistencia técnica no prestada, pese a que los Alcaldes distritales desde el año 1996 y a la fecha hacen parte de la junta directiva de la Triple A, que es una sociedad de economía mixta, y con perjuicio del control de tutela que debió ejercer en su calidad de socio, “se insiste en que no se conoce acción alguna tendiente a evitar los pagos realizados a Inassa por un contrato de asistencia técnica sin que se hayan prestado los servicios; a más de que dicho sea de paso igualmente no se tiene conocimiento de acción alguna dirigida a evitar que su posición mayoritaria inicial equivalente al 84,5%, según lo ordenó el Acuerdo Municipal 021 de 1993 expedido por el Concejo de Barranquilla, haya disminuido hasta llegar al 14,5%, porcentaje actual de participación accionaria. En tal virtud requerimos al representante legal del Distrito de Barranquilla a tomar decisiones y fijar posición al interior de la junta directiva de la Triple A, a efectos de que se ejerza el control de tutela en una entidad de carácter pública de la cual es miembro y en la que la intención del acto de creaciòn por parte del Concejo de Barranquilla fue que la misma siempre tuviera una posición accionaria mayoritaria”.

En cuanto a la Triple A aseguran que “con el presunto accionar criminal e infractor de la Ley Penal y disciplinaria imputables a algunos de sus directivos y exgerentes, es claro que no basta con ser considerada una empresa con aparentes altos niveles de calidad, si ello no obedece a una conducta transparente y responsable con la sociedad barranquilla a que que sirve, máxime si se tiene en cuenta que, so pretexto de la necesidad de contratar una pretendida asistencia técnica con la sociedad Inassa S.A., que nunca se ha prestado como corresponde, en el fondo lo que hizo fue favorecer el enriquecimiento ilícito de particulares que vienen siendo objeto de las predichas investigaciones penales y disciplinarias”.

También cuestionó que por parte de la Triple A “no se tomen y ejecuten acciones drásticas para poner fin al contrato de asistencia técnica de fecha 4 de septiembre de 2000, además de disponer lo necesario para el reintegro de la totalidad de las sumas de dinero cobradas por Inassa S.A. con ocasión de dicho contrato; y además de las sumas  desfalcadas ilícitamente por Ramón Navarro Pereira, exgerente de Triple A”.

Además, el Ministerio Público llamó la atención de la Superintendencia de Servicios públicos tras considerar que con su omisión “permitió que la Triple A e Inassa S.A., hayan vulnerado los principios de libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante, de organización de los sistemas de información, capacitación y asistencia técnica y de prevalencia del interés general sobre el interés particular en la prestación de los servicios públicos domiciliarios”.

Triple A, Inassa y Ramón Navarro deben devolver dineros desfalcados: Procuraduría by Zonacero on Scribd