En lo que va de 2025, la Triple A ha detectado 8.247 casos de fraude, lo que significa una pérdida de recursos hídricos para los usuarios de este servicio público en el Atlántico.

Para su detección, la empresa está utilizando tecnología especializada, incluyendo georadares, geófonos y medidores avanzados.

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Estas herramientas no solo ayudan a identificar posibles casos de fraude, sino que también permiten entender el comportamiento estacional de los usuarios, analizar estadísticas de consumo y detectar patrones inusuales, lo que refuerza el control y la prevención de estas prácticas.

Durante 2024 se detectaron 17.983 casos, sin embargo, por la labor del equipo especializado se ha recuperado más de un millón de metros cúbicos de agua, lo que equivale al abastecimiento por dos meses de un municipio como Sabanalarga. 

En términos económicos, la recuperación de estos metros cúbicos de agua equivale a un valor de más de $8 mil millones, de acuerdo con lo estimado por la compañía. También, se han realizado acuerdos de pago por más de $2 mil millones por concepto de dejado de facturar, que se aplica a quienes cometen este delito.

La Triple A señaló que también ha venido trabajando de la mano con la Policía y la Fiscalía, realizando operativos en conjunto e interponiendo las denuncias penales correspondientes.

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La defraudación de fluidos es considerada en Colombia como un delito. El Artículo 256 del Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000, tipifica la defraudación de fluidos como el acto de apropiarse de energía eléctrica, agua, gas natural o señal de telecomunicaciones mediante medios clandestinos o alterando sistemas de control o medidores, causando un perjuicio ajeno.

Quien incurre en este delito puede ser castigado con prisión de 16 a 72 meses y sancionado con el pago de una multa de 1.33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, el responsable debe pagar el valor del consumo dejado de facturar y la empresa puede suspender el servicio.

La norma también señala que la defraudación de fluidos implica el incumplimiento del contrato de condiciones uniformes a través de conexiones ilegales a la red de servicios públicos, la manipulación o alteración de los medidores o sistemas de control del consumo del servicio o tener doble acometida para eludir el pago del consumo real.