En respuesta a la acción popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo a mediados del 2023, el Tribunal de Cundinamarca conminó a varias entidades gubernamentales a garantizar la protección de los derechos de 40.000 familias de La Mojana, zona duramente golpeada por las inundaciones desde el 2021 cuando se rompió el terraplén a la altura de ‘Caregato’, que la UNGRD cerró la semana pasada.

Con esta decisión judicial se benefician comunidades que habitan la subregión que se extiende a los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia.

"Considerando que las comunidades siguen sin garantías y el riesgo de una nueva inundación es latente, el órgano judicial determinó que en el término de un mes, bajo la coordinación de nosotros como Defensoría del Pueblo, entidades gubernamentales del orden nacional y local deberán realizar una mesa de trabajo para revisar integralmente la situación actual de la subregión”, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Recordó que desde que se presentó el rompimiento del dique conocido como ‘Caregato’, en agosto del 2021, en San Jacinto del Cauca (Bolívar), la Defensoría le ha hecho seguimiento a la vulneración de los derechos fundamentales de quienes viven en los 11 municipios que conforman La Mojana. Justamente, a partir de lo evidenciado en el territorio, de notar la insuficiente respuesta estatal, instauró la acción popular.

Explicó que con base en lo ordenado por el Tribunal, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo de Adaptación, tendrán la responsabilidad inmediata de continuar con las fases de respuesta a la emergencia, de acuerdo con sus competencias, disponiendo de los recursos necesarios para tal fin.

“El recurso constitucional interpuesto por la Defensoría, cuyo motivo es proteger los derechos e intereses colectivos de las comunidades que a la fecha siguen siendo vulnerados, adicionalmente tiene como finalidad que sean implementados planes que permitan la conservación de un medioambiente sano, la prevención de desastres previsibles, la conservación de las especies y el equilibrio ecológico del ecosistema, dados los graves riesgos que se detectaron por la falta de previsión y acción adecuada de la administración nacional”.

“Las entidades estatales informadas en la acción popular deberán actualizar el censo de las personas y familias damnificadas, así como su caracterización, y adelantar los estudios de prefactibilidad y recuperación de obras del dragado para que sea disminuida la presión y velocidad de la corriente del agua”, aseguró el Defensor del Pueblo.

La entidad nacional de derechos humanos continuará acompañando a las familias que vieron afectados sus derechos a la salud, vivienda, trabajo, alimentación, entre otros.