El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó a la Casa de la Moneda de Portugal la pretensión de anular la actuación contra el convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia para el nuevo modelo de pasaportes.

El Tiempo reveló que el magistrado José Elver Muñoz Barrera consideró que no se afectó el derecho de defensa ni el debido proceso como alegó la entidad portuguesa.

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La Casa de la Moneda portuguesa había alegado que no había sido notificada de debida forma de la demanda que interpuso la Procuraduría contra el convenio por presuntas irregularidades en la forma y el fondo del proceso.

El apoderado Felipe De Vivero Arciniegas argumentó que el auto admisorio no fue notificado de manera oportuna para poder materializar el derecho fundamental al debido proceso y al derecho de defensa.

No obstante, el Tribunal indicó que no se vulneraron el derecho a la defensa ni al debido proceso, además que los documentos para la notificación fueron traducidos y que la carta rogatoria sí había sido tramitada ante las autoridades correspondientes.

La Procuraduría pidió a la justicia la suspensión total del convenio al tener supuestos vicios de fondo y forma.

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El convenio no tendría respaldo para comprometer vigencias futuras y las actas de aprobación del convenio en la Imprenta de Colombia no estarían firmadas.

El Ministerio Público entiende que hay dudas sobre su validez jurídica y agrava la situación que no hay análisis que verifique el costo del convenio, que fue de más de $1,3 billones.

Tampoco cumpliría con lo ordenado por la Ley 1150 de 2007, puesto que el aporte de la Casa de la Moneda de Portugal es del 21% y no del 51%, como se establece entre los requisitos.