El Tribunal Superior de Bogotá desestimó una tutela radicada por una ciudadana en la que pedía frenar la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022.

La ciudadana, en la tutela que había radicado, argumentaba que el CNE estaba desconociendo el fuero presidencial de Gustavo Petro, advirtiendo que al Jefe de Estado únicamente podía investigarlo la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

La Sala definió como improcedente la tutela asegurando que la accionante carecía de legitimidad para presentar esos recursos.

"No tiene la calidad y titular o representante del titular de los derechos y no acreditó que actúe como agente oficiosa o representante del Ministerio Público, lo cual no la legitima, ni la habilita como tercero para la instauración de la presente acción constitucional", dice la decisión.

"Tampoco cumple las condiciones para promover el amparo constitucional como agente oficiosa, en la medida que en el escrito de tutela no manifestó ni acreditó su calidad, así como tampoco se evidencian circunstancias de vulnerabilidad que imposibiliten el ejercicio de la defensa del titular del derecho", agregó.

Analizando el caso, el Tribunal fue claro en señalar fallos de la Corte Constitucional que fija quiénes o en qué circunstancias se pueden presentar tutelas.

La Sala argumenta que la tutela presentada por la ciudadana no tiene cabida. Y es que el Presidente Petro y las personas indagadas cuentan con las asesorías y equipos para presentar tutelas y así proteger sus derechos.