El Tribunal Administrativo del Atlántico resolvió declarar que no hay lugar a imponer sanción alguna de desacato contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, el Departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla, en el marco de un incidente en tal sentido promovido por la Defensoría del Pueblo, tras el proyecto del centro de reclusión carcelario en jurisdicción del municipio de Candelaria, sur del Departamento, conocido como la megacárcel.

La Defensoría argumentaba que con la obra se daba una presunta violación de los derechos e intereses colectivos a la seguridad, a disfrutar de un ambiente sano, a que se prevengan o controlen factores de deterioro ambiental, a la salubridad pública, a la moralidad pública y al acceso a la infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública en los establecimientos penitenciarios y carcelarios en Barranquilla.

Los magistrados, con ponencia de Cristóbal Rafael Cristiansen Martelo, concluyeron que no se infiere el desacato de las órdenes impartidas por el Tribunal, modificada por el Consejo de Estado, obedezca a un comportamiento negligente o renuente de las autoridades accionadas, específicamente del Departamento del Atlántico, en tanto no ha sido indiferente al cumplimiento de las órdenes impartidas por el juez de la acción popular. 

En otros términos, no se configuró el presupuesto requerido para que haya lugar a la sanción por desacato.

El proyecto  para la construcción del complejo carcelario en el municipio de Candelaria surgió como una solución a la problemática de hacinamiento carcelario en la región, sin embargo su realización ha tenido muchos tropiezos.

El más reciente la propuesta del presidente Gustavo Petro de no construir más cárceles en el país,