Dieciséis personas lesionadas por el uso de la pólvora en Colombia es el reporte de las autoridades de salud, a tan solo tres días de haberse iniciado la vigilancia intensificada a este tipo de lesiones por parte del Instituto Nacional de Salud, encargado del tema.

Hasta el momento hay una variación negativa, con respecto a al mismo periodo del 2019, cuando para esta fecha ya se llevaban contabilizados 26 casos.

Antioquia sigue siendo el departamento con más casos de lesionados por el uso de la pólvora, con ocho. Los casos ocurrieron así: cinco en Medellín y en Caucasia, Segovia y Bello. Le sigue Valle, con dos casos en Buga y Tuluá; y dos en Córdoba en los municipios de Ayapel y Montelíbano.

En las estadísticas no está el niño quemado con pólvora en Galapa, hecho ocurrido hace un mes.

El pasado mes de noviembre el INS envió a los gobernadores, alcaldes y secretarías departamentales y municipales de salud, una circular con "las directrices para la vigilancia intensificada, prevención y atención de lesiones ocasionadas por pólvora e intoxicaciones por fósforo blanco, en la temporada del primero de diciembre del 2020 al 16 de enero del 2021 y prevención del contagio por Sars-Cov 2 que produce la enfermedad Covid-19 por actividades pirotécnicas".

En la circular, firmada por el ministro de salud, Fernando Ruiz Gómez, y la directora del instituto Nacional de salud, Martha Lucía Ospina, se indica que entre diciembre y enero las lesiones por polvo las intoxicaciones por fósforo blanco aumenta en comparación con los otros periodos, debido a las festividades que se celebran en esta temporada.

"Estas lesiones afectan la vida la salud, la integridad física y emocional de las personas y ocasionan impactos sociales ambientales y pérdidas económicas significativas", anotaron los funcionarios nacionales.

Y que también "el uso inadecuado de la pólvora afecta niños niñas y adolescentesl quienes en su menor percepción del riesgo se ven expuestos con mayor frecuencia a sufrir lesiones e incluso perder la vida".

Las directrices tienen que ver con la gestión del riesgo en mano de alcaldes gobernadores y secretarías departamentales y distritales de salud; además con la prestación del servicio de salud y la vigilancia en la salud pública. Piden además reportar todos los casos al Sivigila.