El abogado barranquillero, Luis Miguel Hoyos, exsubdirector y exsecretario general del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), anunció que en los próximos días radicará en Bogotá una solicitud formal al el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, para que adelante de oficio una investigación sobre el uso y administración de los recursos nacionales destinados a la discapacidad, los cuidados y los apoyos. 

La propuesta de Hoyos se da en medio de la conmoción nacional por la muerte de Valeria Afanador, una niña con síndrome de Down, quien falleció por inmersión en un río tras salirse de su colegio en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. 

El abogado señaló que es importante que se sepa ¿qué ha pasado con los recursos públicos para discapacidad y cuál ha sido su relación con la vida y la seguridad de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sus familias? 

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De acuerdo con el jurista, la seguridad y las rutas de apoyo para esta población están directamente relacionadas con los presupuestos públicos destinados a los apoyos y cuidados.

 “No sólo garantiza inclusión y protección, sino que también constituye una forma de seguridad preventiva, capaz de reducir riesgos de asesinatos, secuestros y trata de personas, hechos que afectan de manera especialmente grave a las niñas con discapacidad”. dijo en su cuenta de X.

Además dijo que “Colombia jamás ha medido, con la seriedad que corresponde, ni el impacto fiscal ni el efecto distributivo de la inversión pública en discapacidad. Tampoco se conoce su correlación con la vida, la pobreza y la exclusión de esta población”.

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Esta omisión, indicó, evidencia que en el país se desconoce el costo real de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 

También advirtió que la trazabilidad de estos recursos impacta derechos como la educación, la salud, el deporte, la empleabilidad y el acceso a la justicia.

Esta preocupación, indicó, ya fue incluida en el informe remitido a la Relatora Universal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, durante su visita oficial a Colombia en julio de 2025, encuentro al que fue invitado. 

El jurista es reconocido por su trabajo en inclusión y protección de poblaciones vulnerables en el país, con amplia trayectoria en la defensa de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. 

Ha sido gerente público, consultor, asesor académico y director de proyectos en instituciones nacionales e internacionales, entre ellos la formulación del Sistema Nacional de Justicia Familiar (ICBF); el Modelo de Alianzas Público-Populares (ONU-Mujeres-MinIgualdad) y Televisión Accesible (INSOR-MinTIC), que restituyó los sistemas de acceso a la televisión para la población sorda en Colombia. 

Actualmente es profesor catedrático de Capacidad Legal (Ley 1996/2019) en la Especialización en Derecho de Familia de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y, desde 2024 ejerce como asesor externo de la Alcaldía de Barranquilla para la Estrategia InclúyeteMás.