La Dirección de Sanidad del Ejército de Colombia aplazó por siete días una licitación por 387.000 millones de pesos (unos 111,5 millones de dólares) para la compra de medicamentos para las Fuerzas Militares, informaron este martes fuentes castrenses.

La decisión se produce después de que la Procuraduría recomendara revocar el proceso de licitación para la adquisición, suministro y dispensación de medicamentos por "presunto incumplimiento de los principios de la función administrativa y de la contratación estatal, que estarían limitando la libre concurrencia de oferentes".

El general Javier Alonso Díaz Gómez, director general de Sanidad Militar, asistió el lunes a la Procuraduría para analizar las inquietudes que tenía el Ministerio Público sobre la licitación.

"En dicha reunión, la dirección general de Sanidad Militar propuso la suspensión del proceso de licitación pública a través de acto administrativo por siete días, con el propósito de que la Procuraduría revise las respuestas dadas a las observaciones, en busca de la transparencia y mayor tranquilidad en el proceso", dijo Sanidad Militar en un comunicado.

El Ministerio Público, como parte de una acción de vigilancia y seguimiento, advirtió en su momento a la Dirección de Sanidad que las autoridades administrativas están obligadas a cumplir con los procedimientos de selección objetiva y "no pueden restringir la posibilidad de recibir varias ofertas con mejores precios, que cumplan con los fines del Estado".

El ente de control cuestionó el establecimiento de condiciones de habilitación y calificación que no fueron debidamente sustentadas en los estudios previos, así como el pago de facturas sin auditoría médica para generar "liquidez" al contratista. 

"Al evaluar los pliegos de la licitación evidenció que se abre la puerta al pago de medicamentos por encima de los precios máximos de venta regulados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos e Insumos Médicos, originando posiblemente sobrecostos que se financiarían con recursos públicos de la seguridad social en salud", explicó la Procuraduría.

Según la Procuraduría, las fallas del proceso de contratación podrían afectar la estabilidad financiera del contrato y poner en riesgo el suministro de medicamentos a la población beneficiaria de los servicios médicos de la sanidad militar.

EFE