La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios, y la intervención forzosa administrativa para liquidar a la EPS Comparta, debido a la crítica situación financiera y al incumplimiento de indicadores que ponen en riesgo la vida y la salud de sus más de 1.5 millones de afiliados.

Comparta llevaba 5 años bajo medida de vigilancia especial por parte del Ente de Control, tiempo en el que tuvo 9 prórrogas sucesivas sin que lograra subsanar los hallazgos que originaron la medida inicial.

Cabe recordar que el 13 de marzo de 2019, la Supersalud había revocado la operación de esta EPS en los departamentos de Huila, Cundinamarca y Bolívar y dos meses después ordenó la cesación provisional de acciones que ponen en riesgo el giro de los recursos.

“En la visita que realizó la Superintendencia, durante la segunda semana de enero del 2021, evidenciamos 43 hallazgos que demostraron el reiterado incumplimiento de esta EPS, a las órdenes que veníamos dando”, afirmó Germán Guerrero, Superintendente delegado de Medidas.

De acuerdo con la resolución 202151000124996 del 26 de julio de 2021, “la deficiente prestación del servicio de salud por parte de la EPS Comparta, hace que la decisión de intervenirla sea necesaria, inminente e inmediata”.

Comparta presta sus servicios a 1’519.449 afiliados, la mayoría de ellos en el Régimen Subsidiado, en 276 municipios y 12 departamentos: Arauca, Atlántico, Boyacá, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre y Tolima.

Todos ellos serán trasladados por el Ministerio de Salud a otras EPS y mientras eso ocurre, Comparta deberá asegurarles la totalidad de los servicios.

En la Resolución se ordena a las EPS receptoras mantener la distribución de la población en las IPS asignadas por Comparta para el Plan Nacional de Vacunación y se designa a Faruk Urrutia Jalilie como liquidador.

Los hallazgos

La Superintendencia encontró que el patrimonio de Comparta es negativo en $480 mil millones, lo que equivale a dos veces el total de activos.

Adicionalmente, sus cuentas por cobrar a abril eran de 205 mil millones de pesos y a la misma fecha generaba una pérdida del ejercicio por 38.000 millones de pesos.

En lo que tiene que ver con la atención de sus afiliados, no presta con oportunidad los servicios PBS (antes POS) y no PBS (antes no POS), los de salud integral, los de alto costo y enfermedades catastróficas y ni siquiera aquellos ordenados por tutela.

Presenta, además, incumplimientos en las tasas de muerte maternas y perinatales, al igual que en indicadores de citología y mamografía; no responde oportunamente las peticiones de sus usuarios, no entrega con oportunidad los medicamentos PBS ni los no PBS en el caso de los adultos mayores, no entrega autorizaciones a tiempo, no presta los servicios de medicina especializada, no asigna con oportunidad las citas de medicina general, ni autoriza ni presta oportunamente los procedimientos quirúrgicos.

De la misma manera, se demora en la autorización y prestación de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, no garantiza la entrega de los insumos a usuarios, entre estos adultos mayores y personas con discapacidad, no hace seguimiento y gestión del riesgo a personas en aislamiento preventivo obligatorio, mayores de 70 años, grupos de las etapas 1 al 3 y atenciones domiciliarias.

En el 2020 tuvo 5.386 PQRD que ponen en riesgo la salud de los usuarios. Este año, a mayo, ya llevaban 1.922. El principal motivo: restricción en el acceso a los servicios de salud.

Otras faltas

La Supersalud ha tenido que imponerle multas por 6.700 millones de pesos y hay dos sanciones contra el representante legal por 650 millones de pesos.

Además, Comparta incumple los indicadores de mortalidad materna, proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal, porcentaje de tamización para virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes, tasa de incidencia de sífilis congénita, pérdida de función renal, porcentaje de diabéticos controlados, porcentaje de pacientes hipertensos controlados, entre otros. 

“Se concluye que Comparta EPS vulneró normas constitucionales legales y reglamentarias referentes a la obligatoriedad del cumplimiento de sus funciones, competencias y responsabilidades que tiene como Entidad Administradora de Planes de  Beneficios, frente a la garantía de la prestación de servicios de salud a la población afiliada en términos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad; así como la gestión eficiente de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, señala la Resolución.

Con Comparta, son ya 11 EPS, las que han sido revocadas totalmente o liquidadas por la Supersalud durante este gobierno.