Ante una cifra alarmante de casi diez mil muertes o secuelas graves anuales por el alcohol y un promedio de inicio de consumo a los 13 años (siendo la cerveza la bebida más popular), la Sociedad Civil y la academia lanzaron una advertencia al país: la inacción frente al alcohol es una fórmula que perpetúa la inequidad y eleva los costos para el Estado.

Organizaciones como Red Papaz, Fundación Anáas y la Liga Colombiana Contra el Cáncer denunciaron que la crisis no es casual. Ocurre en un entorno donde el alcohol, un producto tóxico, cancerígeno y psicoactivo, es promocionado de forma agresiva a precios significativamente bajos, incluso inferiores a los de muchos bienes esenciales, lo que lo hace especialmente accesible a los jóvenes.

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"Lo más doloroso es que los más afectados son jóvenes entre los 15 y los 49 años, personas que deberían estar construyendo proyectos de vida, aportando a su comunidad y fortaleciendo el desarrollo económico del país", denunció la Sociedad Civil.

Un esquema tributario ineficaz

Según el análisis de las organizaciones, Colombia carece de un sistema de impuestos al alcohol diseñado para proteger la salud pública. El esquema actual aplica tarifas diferenciales que no corresponden con el riesgo real de los productos y, crucialmente, otorga un trato preferencial a categorías como la cerveza, dejando por fuera productos que atraen a adolescentes.

La denuncia apunta directamente a la interferencia de actores económicos, quienes durante años han ejercido presión para bloquear la adopción de medidas basadas en evidencia científica, retrasando decisiones que pudieron haber salvado miles de vidas y profundizando las desigualdades en los hogares más vulnerables.

Impuestos con enfoque en salud pública

La solución, según la academia y la Sociedad Civil, es tan clara como efectiva: "rediseñar los impuestos al alcohol de manera coherente con su nivel de riesgo, siguiendo las recomendaciones internacionales". Un impuesto diseñado desde la salud pública:

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Reduce el consumo y previene daños (tanto para consumidores como para terceros).

Salva miles de vidas y disminuye costos al sistema de salud.

Genera ingresos para financiar prioridades nacionales.

Promueve la equidad, favoreciendo especialmente a los jóvenes, las mujeres y las familias de bajos ingresos.

Un llamado urgente al Congreso y al Gobierno

Las organizaciones firmantes emitieron un llamado firme al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para "rediseñar el impuesto al alcohol con un enfoque de salud pública, eliminando vacíos normativos y alineándose con el riesgo real del producto. En consecuencia, es indispensable que la cerveza sea incluida y abordada de forma adecuada".

Asimismo, "aprobar un aumento sustantivo de los impuestos al alcohol, basado en evidencia y libre de intereses comerciales".

"Proteger el proceso de formulación de política pública frente a la interferencia de actores económicos cuyos intereses no coinciden con el bienestar de la población".

"Garantizar que los recursos generados se orienten a otras acciones de prevención, el fortalecimiento de la salud y el bienestar de la sociedad en general, prestando mayor atención a los más vulnerables". 

"Y en consonancia con la Corte Constitucional, exhortar al Congreso de la República y al Ministerio de Salud y Protección Social para que actualice la política pública de alcohol conforme a la mejor evidencia científica".

Lanzamiento de la campaña: ¿Quién paga los daños del alcohol?

En este contexto, se ha anunció el lanzamiento de la campaña "¿Quién paga los daños del alcohol?", una iniciativa regional que busca visibilizar los altos costos sanitarios y sociales que recaen sobre la población, mientras la industria se beneficia, y la cual llega tras su exitoso desarrollo en México bajo el liderazgo de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA).

Su propósito es doble: concientizar a la ciudadanía sobre la verdadera magnitud de los daños y hacer un llamado directo al Gobierno Nacional para diseñar y actualizar los impuestos a las bebidas alcohólicas, alineándolos con criterios de salud pública y con el riesgo real del producto.