La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó a Tesla Motors Colombia S.A.S. modificar y fortalecer la información que entrega a los consumidores sobre la comercialización de sus vehículos eléctricos en el país, luego de detectar posibles irregularidades relacionadas con tiempos de entrega, garantías y condiciones de venta.

La medida fue adoptada mediante una orden administrativa particular emitida por la autoridad de protección al consumidor, tras una averiguación preliminar adelantada de oficio sobre las operaciones de la compañía desde su llegada a Colombia en noviembre de 2025.

Según informó la entidad, la revisión se concentró en la oferta y comercialización de vehículos a través del portal oficial de Tesla, modalidad mediante la cual se realizaron cerca de 23.700 pedidos entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

Durante la investigación, la SIC recopiló información documental, realizó visitas al sitio web de la empresa y analizó peticiones, quejas y reclamos radicados por consumidores en ese mismo periodo.

Uno de los principales hallazgos fue el presunto incumplimiento en los tiempos de entrega inicialmente informados a los compradores. De acuerdo con la SuperIndustria, más de 1.800 vehículos que debían entregarse entre febrero y marzo de 2026 seguían pendientes al cierre de abril.

La entidad señaló que esta situación genera preocupación frente a la transparencia de la información suministrada a los consumidores, especialmente en operaciones de comercio electrónico, donde las decisiones de compra se toman con base en los datos publicados en línea.

Como parte de las órdenes impartidas, Tesla deberá garantizar claridad y transparencia en los procesos de reserva, pago y entrega de vehículos, así como fortalecer los canales de atención para peticiones, quejas y reclamos en Colombia.

La SIC también advirtió posibles inconsistencias en la información relacionada con las garantías de los vehículos y con la disponibilidad de infraestructura de carga en el país.

En ese sentido, la compañía deberá suministrar información clara, suficiente y verificable sobre las condiciones de garantía y abstenerse de divulgar datos que puedan inducir a error o generar confusión entre los consumidores respecto a la red de carga disponible en Colombia.

Finalmente, la Superintendencia indicó que el eventual incumplimiento de las órdenes impartidas podría derivar en sanciones administrativas contempladas en la Ley 1480 de 2011, correspondiente al Estatuto del Consumidor.

*Con información de SIC