El Gerente General de la empresa Air-e, Jhon Jairo Toro, aseguró que en la eventualidad que el Gobierno Nacional decida modificar los componentes de la tarifa de energía, la empresa se volvería inviable y, por tanto, tendría que dejar de operar.

Señaló que la actual composición de la tarifa obedece a un esquema definido particularmente para la Región Caribe, con el fin de abrirle paso a los nuevos operadores tras la intervención y liquidación de Electricaribe.

“Hay que entender la situación de fondo: el tema de las pérdidas y el robo de energía. Todas las regiones del país en el componente tarifario tienen un reconocimiento en el tema de pérdidas o el robo de energía, siendo uno de los seis componentes que tiene la factura. Antes de llegar a la Región el mercado de energía ha tenido una conducta que ha marcado mucho y que ha hecho que esta región tenga el nivel más alto de robo de energía”, expresó Jhon Jairo Toro en entrevista con el periodista Jorge Cura, Director de Atlántico en Noticias y Zona Cero. 

Recordó que en el pasado todos los colombianos pagaron ese componente para mantener en funcionamiento a Electricaribe, vía presupuesto nacional.

“Hoy en día la región lo que se roba por energía es el equivalente para nosotros de todo el consumo del Magdalena y La Guajira. Esa fue una condición que se puso para poderle dar viabilidad a la entrada de los nuevos operadores (Air-e y Afinia)”, agregó. 

Dentro del componente, recalcó, “el 90% de ese valor se va en pagar a los generadores y transmisores por la energía que llega a la región y que todavía no hemos encontrado esa persona que hace el trabajo para poderla judicializar y hacer todo el trabajo que hace la compañía de la mano con las autoridades. Alguien se la está robando del sistema.

Por eso la empresa emprendió operativos agresivos con la Fiscalía y la Policía mostrando todo el problema de fraude”.

En su concepto, el indicador de pérdidas del robo de energía es un problema de la sociedad, “un problema colectivo que alguien tiene que pagar por él. Antes lo pagaba el presupuesto nacional, hoy lo están pagando todas las regiones hasta que logremos transformar la conducta que es en lo que estamos trabajando. Este mes estaría llegando al 25% en el indicador de pérdidas cuando arrancamos hace dos años con niveles del 34%. En momentos en que la compañía empiece a sortear por debajo del 25%, este indicador dentro de la factura va a empezar a disminuir. La única forma que cambie esa situación en la facturación es combatiendo, entre todos, el robo de energía”.

Sostuvo que de no cumplirse ese objetivo, “podrán llegar otros operadores y no va a hacer viable mantener una operación con esos robos de energía con niveles tan altos. Y esa fue la forma que el Gobierno encontró para que llegaran los nuevos operadores”.

También advirtió que “todo lo que se ha venido anunciando en las últimas semanas en materia de regulación, no veo que tendrá un efecto importante en disminución tarifaria. Lo máximo que se podría lograr hasta el momento, de los estudios que hemos hecho, es que va a frenar el crecimiento de toda la cadena, pero que haya una disminución real por ahora no se ve claramente dentro de lo que ha salido por la regulación”.

Por otra parte, las Cámaras de Comercio y comités intergremiales de la región expresaron preocupación por estas situación.

“Hay soportes técnicos y de expertos que dan luces sobre cómo realizar cambios y específicamente el artículo 126 de la Ley 142 establece que se podrán modificar los regímenes tarifarios entre otras razones cuando se lesionen injustamente los intereses de los usuarios”, manifestó el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández.

Indicó que el estudio de Frontier Economics Ltd con Fundesarrollo, reseñado este lunes por Zona Cero, muestra cómo se lesionan los hogares, se incrementa la pobreza en la Región Caribe y cómo se lesiona a las empresas disminuyendo su competitividad y productividad.

“Además el estudio apunta a que se están haciendo unos cobros retrospectivos a través de unas resoluciones de la CREG que también permiten el cobro de unas inversiones antes de que estas se realizaran.

Entonces lo que vemos es que las recientes resoluciones de la CREG que pretenden modificar esta situación no lo vana lograr, no van a reducir las tarifas a la Región Caribe porque mantienen el reconocimiento de las pérdidas por fraudes y lo que hacen es aplazar las alzas que los usuarios pagaremos después con intereses”, señaló. 

Puntualizó que las recientes disposiciones de la CREG están desconociendo la responsabilidad del Estado colombiano de no haber ejercido una adecuada supervisión del sistema para que se modernizara la infraestructura de distribución.