Una reforma participativa, con bases técnicas y un régimen de transición adecuado, fueron las principales conclusiones de los Diálogos Ciudadanos Sobre la Reforma a la Salud que realizó la Defensoría del Pueblo en diferentes foros con representantes de siete sectores de la salud.

Los voceros concluyeron que su debate, trámite y aprobación debe tener en cuenta a todos los actores del sistema, que debe ser una reforma participativa y evitar que se ideologice o se busquen, con ella, réditos políticos.

De otro lado, cada sector, desde su propia realidad, planteó la necesidad de incluir en la reforma un régimen de transición adecuado. Por ejemplo, un paciente planteó una transición que garantice la continuidad de los tratamientos y el adecuado manejo de los datos personales de los pacientes.

En el diálogo con directivos de las clínicas y hospitales se consideró necesario que la transición debe incluir un Fondo de Garantías para garantizar el pago de las deudas actuales y una ley especial de insolvencia. “Estamos cansados de que con las liquidaciones nos queden debiendo billones y no pase nada, no puede haber una ley de punto final y se debe definir quién pagará la deuda actual”, aseguraron.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, aseguró que estos son algunos puntos que hacen parte del documento que será entregado al Congreso de la República y al Gobierno Nacional como un aporte de la Defensoría del Pueblo para el análisis y debate de la reforma a la salud, para que el sistema redunde en beneficio de los derechos fundamentales de los colombianos.

“Seguimos escuchando y promoviendo reflexiones sobre los temas objeto de reforma a la salud en los territorios, a través de nuestras 42 regionales”, dijo

Además de las problemáticas que actualmente afrontan y las preguntas que se hacen ante la reforma, los diferentes sectores dejaron propuestas para que sean tenidas en cuenta durante los debates.

Así, por ejemplo, en el diálogo con la sociedad civil se propuso eliminar las autorizaciones para los tratamientos y procedimientos; crear un grupo de gestores que divulguen la nueva Ley y sobre todo el régimen de transición y que se fortalezcan a la Superintendencia de Salud, a las autoridades locales, al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la medicina ancestral de comunidades y de pueblos indígenas y afrodescendientes. De este sector hacen parte pacientes, cuidadores, veedurías y asociaciones de usuarios, observatorios, ligas o asociaciones de pacientes.

Para los voceros de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y las Entidades Promotoras de Salud (EPS), tanto del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado, es importante que se ajuste el modelo de formación y competencia de los profesionales de salud, especialmente de medicina, para orientarse a la atención primaria.

También dijeron que es indispensable resolver la insuficiencia y escasa disponibilidad del talento humano, para reducir el déficit actual; se debe fortalecer el aseguramiento y la capacidad resolutiva del nivel primario; hacer mayor énfasis en promoción de la salud y prevención de las enfermedades; mantener la participación del sector privado y, en general, tomar decisiones inteligentes para la sostenibilidad del sistema.

Entre las peticiones de los Prestadores de Servicios de Salud (IPS), hospitales públicos (ESE) y sus gremios, se escuchó que la transición incluya el nivel de deuda para definir lo que pasará con la cartera actual; que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), continúe siendo un sistema maestro de información y que la competencia desleal desaparezca, así como la integración vertical y la competencia borrosa.

Para la industria farmacéutica, la reforma debe apuntarle a regular de manera clara a los actores del sistema, incluyendo sus roles, responsabilidades y resultados esperados.

En cuanto a los voceros de los trabajadores de la salud y la academia, su principal propuesta consiste en definir pisos salariales del talento humano en salud y la caracterización adecuada de algunas profesiones que se tienen como técnicos o tecnólogos a pesar de ser profesionales.

Y, por último, las autoridades territoriales dijeron que debe existir una Unidad de Pago por Capitación (UPC) diferencial para los territorios alejados y dispersos, y que se incluya un sistema de información único que facilite la gestión del riesgo y de los servicios, pero también una función de inspección y vigilancia para alcaldes y gobernadores y no solo para la Supersalud.

*Con información de Defensoría del Pueblo