El Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, pidió suspender el proceso de licitación LP-2026-003 por $2.000 millones que adelanta la Corporación Autónoma Regional del Atlántico hasta que su director Jesús León Insignares resuelva varios interrogantes sobre este proceso contractual y otros de años anteriores en los que, al parecer y según lo planteado, se habría beneficiado a una empresa en particular.

Este contrato, según figura en el Secop II, tiene por objeto la “prestación de servicios de apoyo a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico necesarios para la organización, coordinación y ejecución de actividades misionales, administrativas, institucionales y de participación ciudadana que adelanta la entidad, de conformidad con los requerimientos técnicos, operativos y administrativos”.

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Tiene un plazo de ejecución de 9 meses y su adjudicación se tiene prevista para el 7 de abril de 2026. Se postularon cuatro empresas de Bogotá (UT LOG-ATLAN 2026), Medellín (QUINTA GENERACION SAS), Valledupar (H&Y BROAD SOLUTIÓNS) y Soledad (JK' FILMS S.A.S.).

Sobre esta última empresa pesan varios cuestionamientos, según lo mencionado por Idárraga. La CRA la habría beneficiado con dos contratos de manera directa, en 2025, evadiendo presuntamente el proceso de licitación pública correspondiente por tratarse de dineros públicos.

“Explique por qué la empresa JK FILMS SAS fue contratada en dos (2) ocasiones durante la vigencia 2025, para ejecutar prestación de servicios de operación logística a través de la modalidad de contratación directa, evadiendo la licitación pública”, cuestionó el Secretario de Transparencia desde su cuenta de X.

El funcionario del orden nacional le pidió a Insignares entregar la documentación que acredite la idoneidad de la empresa en cuestión para cada contrato directo que se le habría entregado.

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Entre los datos le solicita información como la “experiencia, trayectoria y capacidad financiera para considerarla idónea y contratarle de forma directa, obviando la Licitación Pública”.

Por otra parte, Idárraga cuestionó el hecho de que en la licitación LP-2026-003 no se estableciera como requisito habilitante el indicador financiero de Capital de Trabajo, toda vez que —según dijo— es un objeto contractual que amerita que el futuro contratista garantice un flujo de caja para ejecutar las actividades, teniendo en cuenta que “en este proceso de contratación no se estipuló un anticipo”.

Asimismo, pidió a la CRA que exponga las razones que sustentan y motivaron el requerimiento del perfil profesional de Comunicador Social y Medios Digitales dentro de esta licitación.  Al parecer, se estaría beneficiando a una sola universidad que oferta esta carrera profesional.

“Se solicita informe en qué otra institución de educación superior diferente a la Corporación Universitaria de la Costa (CUC), existe esta titulación para garantizar la pluralidad de oferentes. Asimismo, informe si cuando establecieron este requisito, conocían cuantos egresados ha graduado la CUC con este título, y, además, que a la fecha del cierre estuviesen mínimo cuatro años de titulados”, mencionó el Secretario de Transparencia en el listado de presuntas al director de la CRA.

Por último, solicitó a Jesús León Insignares y a la Procuraduría General de la Nación considerar suspender el proceso de selección hasta que se resuelvan los anteriores interrogantes.

Señores @crautonoma @JesusLeonInsig. A propósito de la licitación LP-2026-003:

1. Sírvase informar cuánto y cuáles contratos han sido celebrado en 2024 y 2025, cuyo objeto se enmarque en la prestación de servicios de operación logístico y/o planeación y/o organización y/o…

— Andrés Idárraga Franco (@Aidarragaf) March 30, 2026