Como “una nueva luz que se presenta para volver a confiar en la justicia”, calificaron miembros de la familia Acosta Bendek y sus apoderados judiciales, la decisión de la Fiscalía General de la Nación de precluir y archivar la investigación promovida por Carlos Jaller Raad por el control del Hospital Metropolitano y la Unimetro.

La decisión de la Fiscal 58 de la Unidad Patrimonio Económico, Danys De la Cruz Arteta, fue adoptada con fundamento en lo determinado por el Comité Técnico Jurídico en el sentido de solicitar ante el Juez de conocimiento la preclusión de la investigación en contra de Juan José Acosta Osío y Alberto Acosta Pérez, quienes actualmente fungen como Rector de la Universidad Metropolitana y Director de la Fundación Acosta Bendek, respectivamente.

“Se hizo justicia, terminaron tres años de infamia”, dijo Luis Fernando Acosta en rueda de prensa a la que asistieron, además, Carlos Julio Macías, representante de la Arquidiócesis; Ricardo Rosales Zambrano (fundador) y los abogados Fernando Rodríguez Bernier, Carlos Fernández Jamette, Hugo Carbonó y Milton Flórez Villarreal.

“En razón a que Juan José Acosta Osío y Alberto Acosta Pérez se encontraban en etapa de indagación en virtud del fallo de tutela emanado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla el 28 de febrero de 2019, que declaró la nulidad de la contumacia y de la imputación que les fue efectuada el 17 de mayo de 2018 ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, es procedente el archivo de estas diligencias”, precisó la Fiscalía en su decisión.

“En este caso, del acervo probatorio recaudado en la indagación, se desprende que no pueden caracterizarse como delitos las actuaciones desplegadas por los indiciados por lo que es procedente  la aplicación del artículo 79 del CPP con asidero en el principio de legalidad elevando a la categoría de norma rectora en el artículo 6 e ibídem de la Ley consonante con el artículo 6 de la Ley 599 de 2000, por lo que el archivo es la figura a la que se debe acudir por parte de la Fiscalía ante la atipicidad objetiva de las conductas penales aquí investigadas que pudieran endilgarse a Alberto Enrique Acosta Pérez y Juan José Acosta Osío, por lo que se ordena el archivo de las presentes diligencias respecto de estos indiciados, acatando la posición y criterio de la entidad Fiscalía General de la Nación establecida en el Comité Técnico Jurídico”, precisó el ente.

Y recalcó: “De esta decisión resulta imperioso legalmente, por la cantidad de indagaciones y procesos que existen derivados de la misma identidad de hechos, identidad de personas (partes en conflicto) y de pretensiones de las partes en uno u otro sentido, ponerla en conocimiento a cada uno de los despachos de Fiscalía y juzgados que conocen de diferentes actuaciones bajo el mismo contexto fáctico, de partes y de misma causa petendi, para lo de su competencia y con el fin de evitar en lo posible, pronunciamientos contradictorios sobre una misma situación fáctica”.

En consecuencia declaró la atipicidad absoluta de los presuntos delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, concierto para delinquir y obtención de documento público falso.

Al respecto, el abogado Milton Flórez Villarreal, aseguró que con esta decisión del Comité Técnico Jurídico de alto nivel, el Juez Trece Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, Rafael de Jesús Uribe Henríquez, debe abstenerse de adoptar un fallo de restablecimiento de derecho en la audiencia que está programada para este jueves 2 de mayo.

Por su parte, el apoderado Hugo Carbonó reiteró que el archivo de la investigación es vinculante para jueces y fiscales que llevan procesos relacionados, por lo que respaldó el concepto de Flórez Villarreal en el sentido de que el Juez Rafael Uribe Henríquez quedó sin competencias para tomar una decisión sobre restablecimiento de derecho el próximo jueves, teniendo en cuenta que “la preclusión hace tránsito a cosa juzgada”.

Además, aseguró que Uribe Henríquez “hace parte de una red de corrupción”, recordando en el año 2015 fue capturado en su despacho tras ser vinculado en un tráfico de boletas de libertad con las que favoreció, entre otros, al empresario Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca Eljadue.

“Tiene siete procesos en contra, para que sepan en manos de quién están los encargados de administrar justicia”, agregó Carbonó quien además es apoderado de un grupo de víctimas por las decisiones de Uribe Henríquez.

Entre tano, el abogado Fernando Rodríguez Bernier señaló que “hemos podido demostrar que se llevaba un proceso extraño y con intereses desagradables. Han sido tres años en los cuales hasta los abogados fuimos denunciados ante el Consejo Superior de la Judicatura y hemos demostrado que no existía ningún tipo de delito”.

Para el Rector de la Universidad Metropolitana, Juan José Acosta Osío, la decisión “es una noticia que gracias a Dios nos da tranquilidad no solo a la familia Acosta sino también a toda la comunidad universitaria”, de la que forman parte al menos 4.800 estudiantes.