Por José Granados Fernández
Twitter @JoseGranadosF

Mientras el Parque Salamanca volvió a ser la semana pasada una amenaza para la salud de los barranquilleros, a raíz de las enormes columnas de humo que sobre gran parte de la ciudad lanzó el voraz incendio desatado en más de 15 “puntos calientes”, la protección de la reserva natural a cargo del Gobierno Nacional deja al descubierto un plan de manejo fracasado y una tutela de la Corte Suprema incumplida.

La muestra irrefutable de la incapacidad de la Nación, a través de los ministerios de Ambiente y Defensa y de Parques Naturales, es lo que sucede con la cabaña construida para 20 policías carabineros que, supuestamente, iban a vigilar Salamanca a fin de evitar las quemas y los invasores: la amplia construcción de madera está cerrada, abandonada y se pudre a sol y sereno a un costado de una trocha paralela a la vía del Puerto de Palermo

En una dispendiosa búsqueda por la vía a Ciénaga, pues nadie daba razón de donde estaba, la encontramos en un sitio remoto, junto a una zona manglárica: ya se robaron las redes eléctricas e inexplicablemente fue construida sin un corral para los caballos que iban a montar los carabineros; la puerta de entrada está cerrada con pedazo de cadena y un candado y a través del sucio angeo contra mosquitos que comienza a partirse pueden verse unos tanques para almacenar agua que están guardados. Los escalones de madera se están partiendo.

De lo que fue la presencia de los carabineros sólo queda un pequeño basurero en el que hay latas quemadas de productos alimenticios, cáscaras de huevo y plástico quemado.

En el sitio no hay un aviso que diga que ese es el tan anunciado Puesto de Vigilancia y Control de Parques Nacional de Palermo. Pese al grave problema de las quemas, la ausencia estatal es total.

“Se fueron hace rato”, atestiguó Franklin Paba, un reciclador de metales que regresaba a Palermo tras su agotadora jornada de recolección de varillas y latas viejas bajo el hirviente sol.

El anuncio de los carabineros contra incendios fue hecho en marzo de 2015 por el Gobierno Nacional, en acto que presidió el ex ministro de Ambiente Gabriel Vallejo, en el propio Parque Salamanca. Sin embargo, la “estrategia de fortalecimiento de seguridad y desarrollo del parque, que sufre graves daños ambientales a causa de las quemas, la pesca ilegal y la criminalidad”, como informó el ministerio en ese momento, fracasó porque desde ese año hasta 2022 se presentaron 63 incendios -muchos de ellos quemas ocasionadas por pescadores y parceleros agricultores- que destruyeron 530 hectáreas.

“Los carabineros estuvieron una época en Los Cocos. Después, cuando construyeron la cabaña en Palermo en 2016, hicieron una serie de exigencias, de aire acondicionado, televisión por cable, etc. Eso quedó abandonado y ahora van y vienen de La Remonta, la base antinarcóticos en Santa Marta”, dijo una fuente sobre la cabaña cerrada.

En los anuncios de 2015, la Gobernación del Atlántico se comprometió a entregar un sistema de recolección de agua para helicópteros, los llamados Bambi Bucket. El ex gobernador José Antonio Segebre informó que lo compró y lo entregó al Comando Aéreo de Combate, Cacom 3, con sede en Malambo, y resultó útil para atender incendios forestales en el parque natural y otras zonas de la Costa y el país.

En la desprotección de Salamanca hoy tenemos que mientras los depredadores del ecosistema talan los manglares para hacer carbón, sobreexplotan la actividad pesquera y ocasionan incendios para cazar diferentes especies o extraer miel de abeja, la Policía de Carabineros presta una “vigilancia intermitente, a control remoto”, como lo calificó otra fuente consultada.

De esa vigilancia sin sentido, que “sirve más como medida reactiva y tardía para atender los incendios y no para prevenirlos”, resulta ilógico que la cabaña abandonada fue construida a 6 kilómetros de la zona del Parque Salamanca más afectada por las quemas, sector de Las Playitas, ciénaga Las Albercas, etc., en el área del Dique Direccional frente del Malecón de Barranquilla.

Al respecto, el alcalde Jaime Pumarejo, quien no entiende por qué esa construcción se hizo distante del sitio de las quemas y no frente a Barranquilla, donde sería más accesible y eficaz la vigilancia con Guardacostas, Ejército, Policía y guardabosques de Parques Nacionales, insiste en que la administración distrital está dispuesta a hacer parte de un convenio con la Nación que “permita medidas más eficientes de control”.

Pumarejo insiste en proponer que, entre varias entidades nacionales y locales, hagan una inversión de entre 15 y 20 mil millones de pesos para, entre otras decisiones, adquirir un avión contra incendios, instalar radares para detectar rápidamente el inicio de las quemas y utilizar drones para vigilar las diferentes áreas del Parque Salamanca, que son permeadas por quienes ingresar a causar daños o lo usan como sitio de acopio de drogas que después sacan en lanchas boqueras mar afuera o en barcos.

Entre las cosas que no se cumplieron para proteger Salamanca llama la atención que no fue efectivo el Plan de Manejo 2017 - 2022 de Parque Naturales, que tenía un presupuesto de 6.743 millones de pesos. Por lo que siguió sucediendo en esos cinco años, donde la reserva natural fue notablemente afectada en su flora y fauna, puede afirmarse que fue un fracaso.

Y tampoco se ha cumplido la Sentencia STC 3872 de 2020 de la Corte Suprema que, al igual que sucedió con el Río Atrato en 2016 y la Amazonía en 2018, declaró al Parque Salamanca “sujeto de derechos” debido a “la ausencia de acciones interinstitucionales para prevenir los incendios forestales indiscriminados y detener la degradación ambiental y sus consecuencias ecológicas y de salubridad”.

El fallo fue proferido por una acción de tutela que presentó en Barranquilla Luis Miguel Llorente Altamiranda, quien pidió frenar la destrucción de Salamanca y proteger el derecho a la salud de los niños barranquilleros afectados por los incendios forestales.

La Corte revocó una decisión de la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, concedió la tutela y le ordenó a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente, a Parques Nacionales Naturales y a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, en coordinación con las demás autoridades del Sistema Nacional Ambiental, “formular en un plazo de cinco meses un plan estratégico y efectivo de acción para reducir los niveles de deforestación y degradación de esta zona protegida”.

Dispuso que dicha planeación debía “contener compromisos, autoridades responsables, ejes de acción y fechas concretas para la promoción de actuaciones de prevención y restauración” del Parque Salamanca; y ordenó “conformar un Comité Permanente de Seguimiento al plan estratégico, cuyos integrantes deberán realizar durante los próximos dos años informes bimensuales a la Corte y al Tribunal Superior de Barranquilla”.

Por lo que ha seguido sucediendo con las quemas y los daños en Salamanca, la sentencia de la Corte Suprema va camino a convertirse en una decisión de papel, Barranquilla seguirá amenazada y afectada por incendios voraces como el de la semana pasada y las brigadas contra incendio de Parques Naturales y los bomberos de Sitionuevo, apoyados por Cacom 3 con el equipo Bambi Bucket, tendrán que seguir trabajando casi que con las uñas, a puro pulmón y machete, en una labor arriesgada que muy pocos conocen.