El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, dio un parte de tranquilidad a los usuarios y trabajadores de la Triple A, frente a las decisiones judiciales adoptadas en esa empresa.

“El mensaje a la ciudadanía de Barranquilla debe ser de calma absoluta porque no se interrumpe para nada la prestación del servicio”, dijo el jefe del ente acusador.

Y enseguida explicó que en la estructura accionaria de la empresa las acciones le corresponden ahora a la Nación colombiana y en consecuencia por su propia responsabilidad en la gestión tiene derecho a nombrar directores a nivel de la Junta Directiva y por eso la Sociedad de Activos Especiales (SAE) pedirá la convocatoria a una asamblea de accionistas.

“A partir de este momento las acciones quedan a disposición de la SAE y pueden ser objeto de intervención para enajenación temprana. Esto quiere decir que la SAE podría sacar a la venta estas acciones aun cuando no se haya extinguido el dominio de las mismas y los dineros que se recauden estarán a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se termina el proceso de extinción de dominio. Pero si la SAE saca a enajenación las acciones que tenía Inassa en la Triple A, por supuesto el propio Distrito de Barranquilla podría participar en una operación de retoma o de recompra de la Triple A”, precisó Martínez Neira.

De acuerdo con el balance 2017 de la Triple A, la composición accionaria de la empresa se discrimina de la siguiente manera:

- Acciones tipo A, sector público, 14,50%. Corresponde a 10.654.628 acciones, para un aporte de 10.654 millones 628 mil pesos.

- Acciones tipo B, sector privado, 5.490 accionistas (personas naturales y jurídicas), 3,34%, correspondiente a 2.454.332 acciones, para un aporte de 2.454 millones 332 mil pesos.

- Acciones tipo C, socio calificado (Inassa), 82,16%, correspondiente a 60.376.424 acciones, para un aporte de 60.376 millones 424 mil pesos.

Según los mismos resultados, el capital autorizado de la Triple A es de $100.000 millones, de lo cual hay un capital suscrito y pagado por 73.486 millones 384 mil pesos.

Igualmente, a 31 de diciembre de 2017 la empresa registraba un patrimonio de 246.764 millones 537 mil pesos, lo que indicó un crecimiento del 13,21% con respecto a 2016 cuando alcanzó los 217.953 millones 372 pesos.

En consecuencia, con la decisión de la Fiscalía la extinción del dominio del 82,16% correspondiente a Inassa, equivale a la suma de 202.741 millones 743 mil pesos.

Para el Fiscal Martínez Neira, la sanción pecuniaria impuesta a los exdirectivos de Triple A e Inassa (20 salarios mínimos mensuales legales vigentes), equivalente a $15.624.840, frente a la magnitud de la multimillonaria suma sutraída de la Triple A, es apenas “una caución judicial para que continúen asistiendo al proceso”.

Por ello, agregó, “el resarcimiento lo estamos logrando es por la vía de extinción del dominio. El patrimonio de la Triple A a 31 de diciembre valía $246 mil millones y al incautar el 82% de la propiedad de la Triple A el Estado ha incautado acciones por $202 mil millones”.

Martínez Neira señaló que tras adoptar las decisiones se comunicó con el Alcalde Alejandro Char para notificarlo de estas circunstancias y prevenir la responsabilidad que le cabe como mandatario de Barranquilla, para que conjuntamente, con el Gobierno Nacional y con el Ministerio de Hacienda emprendan las acciones necesarias para que no se afecte el normal funcionamiento de la Triple A.

“Se trata de una acción de la justicia con el fin de precaver nuevos actos delictivos y por supuesto tomar acciones de la justicia por casos inenarrables que no pueden seguir ocurriendo a lo largo del país”, advirtió.

También cuestionó que el reciente Gerente, Ramón Navarro, “no ha colaborado con la justicia pese a que él tiene el conocimiento del destino y el paradero de esos recursos. Pero felizmente gracias a la colaboración de la Fiscalía de España hemos empezado a tener acceso a documentos que esperemos llegar a tener acceso en Colombia”.

Por esa razón, afirmó, “me desplacé hace dos semanas a la ciudad de Madrid y hemos encontrado en un allanamiento que se hizo a la casa del señor Edmundo Rodríguez, documentos que presuntamente permitirían empezar a desenredar este tema del destino de esos dineros y que podrían dar cuenta de graves hechos de corrupción en el sector Judicial y a nivel de la político. Esperamos que llegue prontamente este documento”.

Puntualizó que “ya la Fiscalía española recaudó todo este acervo probatorio. Se encuentra sometido a la aprobación de un juez de España e inmediatamente las pruebas llegarán a Colombia para efectos de concluir esta fase de la investigación".

Lo  que se espera es que todo este "chorro" de corrupción salga a flote con todos sus responsables. Y no a cuenta-gotas ni tantos cojeos como acostumbra la justicia colombiana.