El sindicato de trabajadores de la Triple A se pronunció este domingo acerca de la situación por la que está atravesando la compañía, debido a las medidas cautelares impuestas por la fiscalía a Inassa sobre el 82% de las acciones que posee en la empresa.

Ante esta situación la Fiscalía General de la Nación designó como secuestre de las acciones a la SAE (Sociedad de Activos Especiales), organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que antes era la DNE (Dirección Nacional de Estupefacientes), organismo creado para administrar bienes especiales que se encuentren en proceso de extinción de dominio (Ley 1708 de 2014), en otras palabras bienes que se encuentren vinculados con lavado de activos y narcotráfico, entre otras cosas.

“Denunciamos ante la opinión pública el manejo por parte de la actual junta directiva designada por la SAE la cual en seis meses de administrar la compañía han demostrado no tener la experiencia suficiente en el manejo de empresas de servicios públicos domiciliarios situación que se hace evidente por la total ausencia de miembros con experiencia técnica en el área de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Por lo tanto, peligra la cobertura, continuidad y calidad en la  prestación del servicio ya que se requiere inversiones en materia de reposición de redes de acueducto y alcantarillado, y saneamiento ambiental por más de 300 mil millones de pesos para los próximos 3 años. Dichas inversiones no se han podido cristalizar porque los bancos no aceptan como garante a la SAE poniendo en riesgo la excelencia y calidad en la prestación de los servicios y contrario a lo afirmado por el Gerente General, estas jamás se podrán financiar con la caja de la empresa”, asegura la organización sindical.

De igual manera, sostiene el sindicato, “durante esta administración se ha presentado el caso de acoso laboral, a directivos de la empresa por el solo hecho de cumplir con sus funciones, como es el caso de Galeano Franceschini (actual Secretario General de Triple A), el despido sin justa causa y pagando cuantiosas indemnizaciones, de la  Directora de Control Interno y la Directora de Asuntos Judiciales; se han creado cargos con salarios exagerados y designación de nómina paralela en al área jurídica y financiera, creando un ambiente laboral muy tenso dentro de la compañía, y negando un salario digno a todos los trabajadores quienes les queremos transmitir nuestro compromiso en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con excelencia y calidad”.

Igualmente el sindicato rechazó “la autofijación de honorarios por valor de 4.5 veces el salario mínimo mensual vigente para los miembros del comité de auditoría y financiero que se autorizaron en forma contraria a los estatutos los mismos miembros de la junta directiva violando el Código de Ética, cuando dicho monto nunca se le ha pagado a un miembro de junta directiva en los 27 años de existencia de la Triple A, y muy a pesar que en la asamblea del día 26 de marzo de 2019 se negó el pago de dichos honorarios, usurpando las funciones de la asamblea general, único órgano con competencia para autorizar pagos a los miembros de junta directiva”.

Por ello, exhortaron a toda la comunidad de usuarios de servicios públicos, a los trabajadores y todas las fuerzas vivas de Barranquilla “para ponernos en pie de lucha para la defensa de esta empresa que es capital de todos los barranquilleros y demás habitantes del departamento del Atlántico y condenamos con una sola voz la pésima administración que esta junta directiva y la Gerencia General están impartiendo. Acompañaremos a la empresa en el reto de cumplir con su objeto misional y seguir adelante con sus propósitos de servir a la comunidad atendida con ética, para fortalecer y colocar en alto esta compañía que presta un servicio no sólo esencial sino también vital para la humanidad como es el agua potable”.