El exlíder de las FARC Rodrigo Granda viajó a Venezuela por el principal paso fronterizo entre ambos países, el puente internacional Simón Bolívar, que comunica a Cúcuta con San Antonio del Táchira, con autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), confirmaron hoy a Efe fuentes de ese tribunal.

Según un permiso dado a conocer por medios locales, la JEP autorizó al exlíder a viajar a la ciudad venezolana de San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, del 17 al 25 de octubre.

Y le advirtió que debe "presentarse personalmente" en la Secretaría de la Sala de Amnistía o Indulto de ese tribunal al día siguiente de su llegada.

Además, allí tendrá que firmar "un acta que deje constancia de su retorno al país".

La JEP es la institución creada especialmente para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano y una de las columnas vertebrales del acuerdo de paz firmado por el Gobierno y la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016.

En ese sentido, la Jurisdicción Especial para la Paz señaló en un comunicado que desde abril pasado ha recibido 28 peticiones, de las cuales ha otorgado 13 permisos de salida del país a exguerrilleros de las FARC, que "han regresado al país y se han reportado a la JEP".

Detalló además que solo está otorgando permisos para salir del país cuando los viajes contribuyan al "proceso de paz o sean por razones humanitarias", mientras que negará aquellas peticiones que no estén "destinadas a apoyar la consecución de los propósitos del proceso transicional".

Luego de aprobarlas, la Secretaría Judicial de la JEP debe consignar "el lugar del destino, el tiempo de permanencia, la fecha de regreso autorizada y el objeto del viaje".

"Igualmente, se dejará constancia de la presentación personal del solicitante, a más tardar al siguiente día hábil de su fecha de regreso. También, la Secretaría Judicial dará aviso de la decisión al Gobierno nacional (...) mediante una comunicación que contendrá la información referida", agregó la información.

Granda hizo parte del equipo de las FARC en las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano, que se llevaron a cabo en La Habana.

En junio pasado una polémica se desató por los permisos que ese tribunal otorgó a varios desmovilizados para salir del país, entre ellos a Fernando Arellán, vinculado con el atentado con carro bomba al club El Nogal de Bogotá, en 2003, que dejó 36 muertos y más de 200 heridos.

EFE