La Contraloría reveló "graves hallazgos fiscales" en el manejo del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico por $94.579 millones, destacando el caso del departamento de Bolívar.

En este territorio se identificaron hallazgos por $2.775 millones por fallas en el funcionamiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado en los municipios de Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao de Kostka y Soplaviento.

Nuestras noticias en tu mano: únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado de todo lo que sucede. 

Los hallazgos se dieron gracias a denuncias ciudadanas atendidas entre 2020 y 2024, en donde se configuraron 13 hallazgos fiscales por $33.614 millones y seis con presunta incidencia penal.

Por otra parte, en auditorías que tuvieron lugar entre 2022, 2023 y 2024 revelaron 109 hallazgos fiscales, por un total de $60.965 millones.

Entre los casos más relevantes se encuentran los de San Andrés y Tibú (Norte de Santander), donde se identificaron graves deficiencias en la supervisión y control del cobro y asignación de subsidios, generando un daño patrimonial superior a los $14.000 millones. Durante estas auditorías también se detectaron 19 hallazgos con presunta incidencia penal.

Lea también: Periodista Jineth Bedoya desistió de su proceso: señaló al Estado de negligente

Las principales causas de los hallazgos incluyen la falta de planeación y estructuración adecuada de los proyectos. Se detectaron fallas como la ausencia o insuficiencia de estudios técnicos previos, falta de soporte en la formulación, demoras en la gestión de permisos ambientales y una desconexión entre los estudios contratados y las necesidades reales de las comunidades.

Se identificó el uso indebido de recursos del SGP – Agua Potable y Saneamiento Básico en gastos no permitidos por la Ley 1176 de 2007, lo cual obstaculizó su correcta ejecución. Entre estos usos indebidos se encontraron compras de gasolina corriente y ACPM para operar y mantener vehículos y maquinaria, adquisición de insumos de ferretería y mejoramiento de vías urbanas, actividades expresamente no elegibles con estos recursos.

En el año 2024 se ejecutaron $103.932 millones del componente de agua potable y saneamiento básico en actividades no elegibles. Los municipios con mayor participación en estos gastos irregulares fueron Uribia, Montería, Puerto Escondido, Sabaneta y Arboletes.

Te puede interesar: Gremios piden a las autoridades actuar con “determinación contra los terroristas”

Asimismo, se identificaron errores en la facturación, liquidación y asignación de subsidios, provocados por bases de datos desactualizadas y procesos de estratificación socioeconómica inconsistentes. 

También se evidenció un incremento en los costos operativos y una ausencia de mantenimiento preventivo, lo cual compromete la sostenibilidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado.