Las Zonas de Reserva Forestal de la Nación, particularmente las constituidas mediante la Ley 2ª de 1959, han alcanzado unos niveles de degradación y deterioro ecológico críticos y, mientras la deforestación avanza de manera acelerada y sin control, el propio Gobierno Nacional, a través de una reciente Resolución (0264 del 22 de febrero de 2018) ha abierto el camino para legitimar las actuaciones irregulares e incluso delictivas (como cultivos ilícitos y ocupaciones ilegales) que afectan estas áreas.

Así lo asegura un estudio de la Contraloría General de la República sobre el tema, realizado por su Delegada para el Medio Ambiente.

Con la Resolución citada, expedida por el Ministerio  de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se estableció el procedimiento que las autoridades ambientales deben seguir para la realización los estudios que deberán sustentar los procesos de realinderación de las reservas forestales.

La posición de la Contraloría sobre esta medida es que:

“El Gobierno Nacional, con la Resolución 0264 de febrero de 2018, abre el camino para que se legitimen las actuaciones irregulares e incluso delictivas que dieron paso al deterioro de las reservas forestales y de los ecosistemas que ellas contienen, a través de la realinderación, lo que representa un riesgo significativo de pérdida de diversidad biológica, prestación de servicios ecosistémicos, e insuficiencia de información para la toma de decisiones; y pone de manifiesto la incapacidad del Estado para evitar o atacar los factores de deterioro de estas zonas”.

Deterioro por cambio en el uso del suelo

El estudio sobre la degradación de las zonas de reserva forestal de la Ley 2ª, en la última década, y el caso del posconflicto, indica que hoy en día el uso de suelo en ellas ha venido cambiando, bien sea por el avance de la frontera agrícola, ganadería extensiva, tala ilegal, minería, además de los efectos devastadores de los cultivos ilícitos, razones por las cuales hoy se evidencia un deterioro de los recursos naturales.

A lo anterior se suma la ausencia total de seguimiento a las sustracciones efectuadas desde que se establecieron estas áreas, lo que se hace evidente por el estado de degradación en que se encuentran.

¿Nos quedaremos sin bosques?

Las Zonas de Reserva Forestal, abordadas en el estudio de la Contraloría, y que jugarán un papel crucial en la implementación del Acuerdo de Paz (en lo que tiene que ver con la Reforma Rural Integral —RRI— y la sustitución de cultivos de uso ilícito), fueron establecidas por la Ley 2ª de 1959.

Esta norma dispuso el manejo y aprovechamiento planificado de los bosques que tuvieran capacidad para proteger las aguas y suelos, como requisito necesario para poder aprovecharlos, reservando para ello 7 grandes áreas estratégicas del país: Amazonía, Pacífico, Central, Río Magdalena, Serranía de los Motilones, Cocuy y Sierra Nevada de Santa Marta.

De acuerdo con el  estudio de la Contraloría, las Zonas de Reserva Forestal creadas por la Ley 2ª se han reducido en un 22% desde su creación, pasando de más de 63 millones de hectáreas declaradas originalmente a aproximadamente 48 millones en la actualidad.

De esos 48 millones de hectáreas, el 83% (40.612.648 hectáreas) tiene hoy cobertura de bosques, lo que significa un ritmo creciente de pérdida de cobertura forestal a una tasa anual de 194.000 hectáreas, que -alerta la Contraloría- llevaría al país a quedarse sin bosques en corto tiempo.

Cerca de 12 millones de hectáreas de las Zonas de Reserva Forestal de Ley 2ª han sido sustraídas con fines de reforma agraria y disminuyeron sustancialmente el área de las mismas en un 20%.

Aporte al Fondo de Tierras no será el esperado

El Fondo de Tierras previsto en el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”  y que esperaba contar con 3 millones de hectáreas de tierras provenientes de diversas fuentes, entre las cuales se encuentran las reservas forestales de Ley 2ª, dadas diversas restricciones en cuanto a su uso, podría contar con ellas en un máximo de 1.520.855 hectáreas en zonas adjudicables, pero sin estimaciones sobre el impacto ambiental que generaría una ocupación de esa magnitud.