Las obras de remodelación y ampliación del aeropuerto internacional ‘Ernesto Cortissoz’ marchan de mal en peor.

En términos prácticos, las obras no solamente no han cogido ‘pista’ sino que, por el contrario, su ejecución se mantiene en la más absoluta incertidumbre.

Lo preocupante es que hasta el momento no se ven reflejadas las inversiones contratadas por valor de 60.153 millones 107 mil 609 pesos, por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Son tanto los desaciertos, errores u horrores que ha tenido el proyecto, que los hechos han sido denunciados ante la Fiscalía General de la Nación por parte del abogado Neil Medina López, quien no vacila en calificar lo del ‘Ernesto Cortissoz’ como otro típico caso ‘Odebrecht’.

“Son denuncias que fueron presentadas hace 3 años, pero se mantienen estancadas en la Fiscalía, no avanzan”, precisó Medina López en diálogo con Zona Cero.

Indicó que su comparación con el caso Odebrecht obedece a que las obras que le fueron asignadas a este concesionario alcanzaron los $300 mil millones, mientras que las del aeropuerto superan los $610 mil millones, es decir, el doble de la anterior.

“Y lo grave del caso es que no se investiga nada”, recalcó. “Ellos incumplen por todos los lados, existen sanciones por diferentes circunstancias y no se las aplican”, reiteró.

Cabe recordar que esta concesión fue adjudicada por el entonces presidente de la ANI Luis Fernando Andrade al Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., con fecha de inicio el 15 de mayo de 2015 y terminación en 2035.

Quiénes son los contratistas e interventores

El concesionario está integrado por las siguientes sociedades:

- Valores y Contratos S.A. (Valorcon S.A.), con el 41,5% de participación. Principales: Mauricio Antonio Gerlein Echeverría, Jaime Alfredo Massard Ballestas y Roberto Rivas Ramírez. Suplentes: Margarita María Muñoz Palacio, Mario Marino Villa y Jorge Jaramillo Henao.

- Equipo Universal S.A., con el 41,5% de participación. Principales: Juan Francisco Herrera Bojanini, Gabriel Montoya De Vivero, Ana Lucía Dugand Ocampo, Jorge Martínez Aparicio de la Peña y Jorge Ramiro Navarro Reyes. Suplentes: María Victoria Herrera Bojanini, Silvana Margarita Montoya De Vivero, Juan Carlos Vilariño Amalfi, Juan Eduardo Vilariño Amalfi y Martha Inés Cepeda de Navarro.

- Inversiones Milenium Azcipo S.A.S., con el 17% de participación. Principales: Samuel Roger Azout Papu, Álvaro Ramón González Serje, Regulo Antonio Diazgranados Lozano y Fernando Alberto Cepeda Sarabia. Suplentes: Alberto Azout Zafrani, Carlos Ernesto González Serje, Arnaldo del Valle Orozco y Alberto Rafael Cepeda Sarabia.

Entre tanto, la interventoría está a cargo del Consorcio Interaeropuertos conformado

por Inzett S.A.S. (Alberto Gómez Kasperson), Felipe Ardila V. & Cía S.A.S. (José Felipe Ardila) y GNG Ingeniería S.A.S. (Alberto Gómez Kasperson), representado por 

Alberto Gómez Kasperson, por un valor de 19.171 millones 665 mil 576 pesos.

A este contrato de interventoría el 28 de diciembre de 2018 se le hizo una adición por valor de 2.524 millones 553 mil 903 pesos a precios constantes de diciembre de 2013, equivalentes a 3.163 millones 776 mil 799 pesos de noviembre de 2018.

Incumplimientos desde el inicio

Para el abogado Neil Medina López, los incumplimientos tanto de la ANI como contratante como del propio concesionario, se dieron desde el mismo inicio.

Recordó, por ejemplo, el episodio de Milena Buelvas Peña, propietaria de la Peluquería L´Image Deluxe, cuyo local no fue incluido dentro de la entrega que se le hizo al concesionario, junto con otros 25 negocios que funcionaban en el aeropuerto.

“Eso lo tomó la Ministra de Transporte como un pretexto por el retraso en las obras, lo cual no fue cierto”, agregó.

En efecto, en su concepto esta omisión es responsabilidad exclusiva de la ANI y del contratista, puesto que debieron tener todo planificado con la entrega de los locales existentes para así darle la adecuada ejecución al contrato, sin contratiempos. Pero no lo hicieron.

“Tenían que garantizar el derecho al trabajo mientras se restituía el bien inmueble pero no lo hicieron”, advirtió.

Por este hecho, junto con Milena Buelvas Peña, otros propietarios presentaron denuncia penal ante la Fiscalía General contra los representantes de la concesión, el entonces presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade y el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Bancolombia.

Fueron ellos Campo Elías Rincón Cepeda (negocio Galiani Aeropuerto) y Yenny Castro Marín (Valentine), por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares, celebración indebida de contratos, delitos contra la libertad del trabajo y asociación, sabotaje, injuria, calumnia y vías de hecho y estafa.

“En el contrato de Concesión aparece la entrega de 105 Contratos, al Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., y en una contestación a una Acción de Tutela, nos respondieron que los contratos entregados son 126 y esto no es verdad. En este asunto se quedaron 21 contratos que desde el 2015 a la fecha no se registró tales contratos para los requisitos formales de entrega en fiducia en garantía. ¿Quien se quedó recibiendo los dineros de 21 contratos que no fueron entregados por el contrato de concesión bajo el esquema APP No. 003 del 5 de marzo de 2015?”, señalaron en su momento en la denuncia.

De esta denuncia no escapa la firma interventora de quien aseguran “se ve un tanto sospechosa” y de la que consideran que “ha sido permisiva y no ha realizado acciones tendientes a vigilar los actos abusivos que se presentan en esta ejecución del contrato de concesión, pues ya en antecedentes tienen que el Grupo Aeroportuario el Caribe ya fue sancionado por más de tres mil millones de pesos en la demora de ejecución de las obras en el aeropuerto ‘Ernesto Cortissoz’, y con ello el detrimento económico que nos han causado por la mala administración del aeropuerto con ocasión de la ejecución de un contrato con las irregularidades e ilegalidades”.

¿Convirtieron el aeropuerto en una E.S.P.?

Adicionalmente, un hecho igualmente grave que se ha venido registrando en desarrollo de la concesión se relaciona con la prestación y cobro del servicio de energía eléctrica.

“El contrato señaló un plazo de 6 meses a partir del inicio del mismo (15 de mayo de 2015) para individualizar cada uno de los contratos de arrendamientos, pero tampoco lo hicieron y comenzaron a cobrar el servicio de energía actuando como una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios (E.S.P.)”, anotó.

Esta situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) por parte de Milena Buelvas Peña, y en respuesta a ello la entidad advirtió lo siguiente:

“Es preciso indicar que los servicios públicos domiciliarios se encuentran regulados, es decir que, quien desarrolle una actividad de prestación de un servicio público domiciliario deberá cumplir con las normas correspondientes. Como ejemplo de lo anterior, para el caso del servicio de energía eléctrica, si se establece que el Grupo Aeroportuario dl Caribe S.A.S.,

realiza la actividad de comercialización de dicho servicio, sin cumplir con las disposiciones aplicables (Ley 142 y 143 de 1994 y Resolución CREG 156 de 2011 entre otras) puede estar incurso en un comportamiento irregular.

“Sobre este punto es dable señalar que la facturación del servicio de energía eléctrica debe ser realizada por el comercializador, y dicha factura debe cumplir con los requisitos señalados en la Ley, de igual manera, los usuarios tienen derecho a la medición de sus consumos, a presentar peticiones, quejas y reclamos a los comercializadores, a recibir un servicio en condiciones de calidad y continuidad, entre otras prerrogativas, si una persona desarrolla actividades de prestación del servicio, bien sea facturación, suspensión, recepción o resolución de PQRS, sin que medie contrato de servicios públicos, y sin cumplir con los requisitos señalados en la ley y regulación, puede ser sujeto de las acciones de inspección, vigilancia y control de esta SSPD”.

No está registrado como prestador de servicios públicos

Así las cosas, la Superservicios advirtió que los hechos denunciados con los correspondientes soportes (facturas de cobro del servicio de energía eléctrica, contrato de arrendamiento) “son objeto de actual análisis a fin de verificar si existe el desarrollo de una actividad de prestación de servicios públicos domiciliarios por parte del Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S, en el evento de evidenciar una conducta contraria al régimen de servicios públicos, esta entidad podrá adelantar las acciones de control correspondientes, las cuales pueden terminar en una eventual sanción al tenor de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994”.

De igual manera, serán objeto de vigilancia las actuaciones del comercializador del servicio de energía eléctrica que haya registrado la frontera comercial ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC- y del Operador de Red -AIR -E-, “a fin de verificar el adecuado cumplimiento de las normas a las cuales se encuentran sujetos en el desarrollo de sus actividades”.

En esencia, la SSPD advirtió que “el Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S, no se encuentra registrado como prestador de servicios públicos en el RUPS, a la fecha no es un sujeto vigilado por la SSPD y no paga ningún concepto por cobro de servicios ante esta entidad. No obstante, como se señaló anteriormente, esta SSPD verificará las actuaciones objeto de denuncia, y en el evento de encontrar que el Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S realiza actividades de prestación de un servicio público domiciliario, se tomarán las acciones correspondientes”.

En represalia a todo ello a una de las denunciantes, Milena Buelvas Peña, le suspendieron los servicios de energía y agua desde el mes de diciembre de 2020.

La gran tortura para los usuarios

Toda esta situación de la que deben responder el concesionario, el interventor, la ANI y la Ministra de Transporte, paradójicamente barranquillera (Ángela María Orozco) ha generado toda una tortura para los usuarios del aeropuerto.

Lo que se creía pudiera ser la gran solución tras la nefasta experiencia con el anterior concesionario, Aeropuertos del Caribe (1997 - 2012), de la que formaron parte los denominados ‘prohombres’ de Barranquilla, ha resultado ser un verdadero desastre de alto vuelo.

Ello se refleja en las pésimas condiciones para la atención de los pasajeros que usualmente utilizan el ‘Ernesto Cortissoz’ y que no ven la forma como se ha ejecutado la inversión de los $610 mil millones.

Las quejas por esta situación son permanentes.

“Para entrar a Barranquilla de fuera del país puedes demorarte hasta dos horas en una cola. Aterrizamos a las 12 del mediodía y encontramos un vuelo que llegó a las 11:30 am y todavía ese vuelo está en inmigración y no han comenzado con el nuestro. ¡Qué locura! De la primera cola se pasa a la segunda. ¡Qué locura!”, comentó a Zona Cero un usuario a quien recientemente le tocó vivir tamaña tortura.

Describió esa situación como si una persona estuviera en una terminal callejera de buses intermunicipales. Aunque dijo que estas terminales callejeras funcionan mejor que la del ‘Ernesto Cortissoz’.

“Esto da pena ajena”: Concejo exige explicaciones

Lo que está sucediendo con el ‘Ernesto Cortissoz” también ha llamado la atención de la clase política barranquillera que exige explicaciones por parte de los protagonistas.

Es así como en el Concejo de Barranquilla fue aprobada una proposición requiriendo a contratistas, interventores y contratantes sobre la ejecución de la multimillonaria concesión.

Ello se fundamenta en el hecho de que el 5 de marzo de 2015 inició el proceso de remodelación  del aeropuerto ubicado en el municipio de Soledad Atlántico, que en ese momento contaba con un área de  24.000 m2 y que luego del proceso de transformación tendría una ampliación del edificio de la terminal de pasajeros con otros 9.500 m2.

“El proceso de remodelación del aeropuerto contempla 5 intervenciones: 1. Repavimentación de la pista. 2. Construcción de un nuevo Terminal de Carga. 3. Construcción de la terminal para aviación general. 4. Adecuación del edificio para mantenimiento de aeronaves. 5. Remodelación del edificio de pasajeros”, señala la proposición presentada por el Concejal Richard Fernández y coadyuvada por Juan Carlos Ospino Acuña.

Teniendo en cuenta lo anterior, convocó a Álvaro González Ringler, Gerente del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, para dar las explicaciones a la comunidad y al Concejo sobre el proyecto de ampliación y modernización de la terminal aérea que sirve a la ciudad de Barranquilla.

“Es que da pena ajena lo que está sucediendo y la forma como está quedando el aeropuerto”, reseñó Richard Fernández en diálogo con Zona Cero.

Por ello la proposición está dirigida a que se presente un informe detallado por escrito y medios digitales sobre los avances del proyecto de en qué etapa de  intervención se encuentra.

“Hace 6 años iniciaron las obras de remodelación del Aeropuerto Ernesto Cortissoz y aún hay muchos aspectos pendientes para que el sea entregado. La fecha de terminación de las obras estaban previstas para ser entregadas en junio del 2020. De acuerdo a lo anterior que expliquen en qué porcentaje de intervención se encuentran cada una de las obras del proyecto e informar por qué se presentaron los retrasos para la entrega de las mismas. Además, entregar un cronograma de lo que falta de la ejecución de cada una de las etapas del proyecto y un informe  financiero detallado de cómo fueron invertidos los recursos presupuestales. Así mismo informar ¿Cuál es el presupuesto real que lleva ejecutado actualmente el proyecto?”, señala la proposición.

Del mismo modo explicar si existen  partidas presupuestales adicionales al presupuesto inicial del proyecto, detallar cuáles son las condiciones ambientales en el aeropuerto con el fin de mantener un adecuado equilibrio socio ambiental y “¿cuáles han sido los resultados obtenidos y esperados en los distintos procesos, teniendo en cuenta la inversión adherida al proyecto de modernización y ampliación del aeropuerto a corto y mediano plazo?”

También se requiere un informe de interventoría sobre las obras ejecutadas y a la Cámara de Comercio o Fundesarrollo si existe algún estudio de impacto sobre los efectos en la productividad en la ciudad y región después de las inversiones que el gobierno nacional realizó en aeropuerto. 

Igualmente a la Contraloría General de la República “para que socialice los informes de auditoría realizada a las obras del aeropuerto”.

Una vergüenza para los atlanticenses

A su turno, el Concejal Andrés Rengifo del Partido Alianza Verde, expresó que estas obras le han hecho mucho daño a la imagen nacional e internacional de la ciudad, “sin temor a equivocarme creo que ha sido la peor obra de ingeniería y arquitectura realizada en esta ciudad, un fracaso desde lo constructivo y lo estético, nada se salva”.

El cabildante verde hizo un fuerte llamado a los organismos de control para que establezcan las responsabilidades disciplinarias y fiscales tanto de los funcionarios que tuvieron a cargo la contratación como de los contratistas que ejecutaron las obras. 

“Estos trabajos nunca debieron recibirse, mucho menos inaugurarse por parte del Presidente de la República hasta haber recibido una obra como lo prometieron con la magnitud de un aeropuerto internacional”, aseguró.

“Haciendo un recorrido por las instalaciones del aeropuerto se puede observar no solo que la dimensión de lo ejecutado no obedece a lo que corresponde a un aeropuerto moderno, sino también que es evidente la mala calidad de la ejecución y pobres especificaciones de materiales en cuanto a pisos, techos, instalaciones eléctricas, aires acondicionados y acabados en general; así mismo, ya se observan ambientes y superficies en deterioro, lo cual podría configurar un detrimento al erario público”, indicó Rengifo.

Calificó las obras como un “nefasto fracaso” y dijo que, “son los organismos de control del nivel nacional los que deben pronunciarse y establecer responsabilidades y sanciones. Alguien tiene que responder. Como ciudadano y como Concejal, lamento profundamente que, con tanto dinero invertido, las obras del aeropuerto sean una vergüenza para los barranquilleros y los atlanticenses”.

¿Un enredado cuento macondiano?

Al final, todo esto suena como un verdadero cuento macondiano, del cual surgen varios interrogantes, en términos de la misma aviación.

¿El avión HK -Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S.- nunca tomó pista para alzar el vuelo?

¿Será que el piloto al mando (concesionario) puso suficiente gasolina? ¿O fue que la última plata para la gasolina se embolató?

¿Será que la concesión no ha despegado por sobrepeso en el avión o sobrecosto en el contrato?

¿O será que la obra se asemeja al caso de un avión que a mitad de camino el Capitán se da cuenta que con la gasolina que le queda no llega a su destino ya que se la mezclaron “otras cositas” y por lo tanto aterriza para retanquear, pero al parecer le venden combustible  más caro porque le aseguran que está mezclado con mermelada y queso manchego lo cual es mejor para volar, pero no muy alto?