En los cinco meses que llevamos del 2026, Colombia ha sufrido 51 masacres y 56 líderes sociales han sido asesinados. Son cifras que preocupan y que han generado que durante estas elecciones presidenciales la seguridad sea la principal bandera de la mayoría de los candidatos.

Zona Cero repasa las propuestas de los cinco candidatos con mayor intención de voto según las últimas encuestas, destacando los planteamientos de más tecnología, más inversión y la ampliación en el pie de fuerza.

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Iván Cepeda Castro

Para el candidato del Pacto Histórico, la seguridad es un punto crucial para convencer a quienes están indecisos. El motivo es claro: es una de las principales falencias de Gustavo Petro en estos cuatro años.

La propuesta del senador es una 'Seguridad humana', donde lo primero será mantener las medidas salariales, prestacionales y pensionales para las Fuerzas Militares y de Policía.

Los ejes son los siguientes: prevención, actuar contra la violencia y contrarrestar la pobreza y la desigualdad social que empujan el crimen.

Pero fue enfático en que todos estos planes se deberán construir con la comunidad, porque no impondrá una Fuerza Pública como "aparato que controla el orden público y subordina o utiliza a las organizaciones de la sociedad", sino que quiere propiciar el diálogo permanente entre la Fuerza Pública, los movimientos sociales y comunitarios.

Afirmó que la 'Seguridad humana' tendrá que estar articulada con la transformación y el desarrollo territorial, garantizando la protección de los territorios, comunidades y liderazgos. Además, profundizará los programas de 'Jóvenes para la Paz' y el Servicio Social para la Paz para evitar reclutamientos, pero con "presupuesto, intervención y evaluación".

Por último, para la extorsión propuso "tecnologías rápidas y efectivas" para la protección de los comerciantes y reiteró que seguirá el plan de Petro de perseguir a los grandes narcos con el fortalecimiento de los controles de puertos y aeropuertos.

No se refiere a los grupos armados ni forma de combatir las organizaciones armadas que tienen el manejo de las rentas ilegales.

Abelardo De La Espriella

El candidato costeño ha tenido como eje central de su plan de gobierno la seguridad, considerando que "el crimen es hoy el principal enemigo de la libertad, la paz verdadera y la estabilidad del país".

A diferencia de Cepeda, el abogado cerró la puerta a negociar con los criminales y entre sus propuestas están destruir 330.000 hectáreas de coca, retomar la fumigación aérea, perseguir los grandes capitales de los narcos, aplicar la extinción de dominio exprés, la sustitución de cultivos y la extradición de quienes sean solicitados por otros países.

Para De La Espriella, la Fuerza Militar y de Policía tendrán la misión de recuperar el control territorial, y fue enfático en decir que el monopolio de las armas será estatal.

Asimismo, indicó que reconstruirá la Fuerza Pública, acabará con el Inpec e implementará un modelo carcelario mixto (con participación de privados), e invertirá en inteligencia, justicia y judicialización.

Sin embargo, una de las propuestas más llamativas es la creación de bloques de búsqueda contra la extorsión y una primera línea de seguridad con veteranos y reservistas.

La creación de estos grupos tendrá un foco principal: llevar seguridad a los barrios, contando con el apoyo de drones para dar con los malhechores que afectan a los ciudadanos y al comercio con el flagelo de la extorsión.

Paloma Valencia

Al igual que De La Espriella, la campaña de Paloma Valencia ha basado su trabajo en proponer mejoras en materia de seguridad.

Uno de sus principales anuncios fue el levantamiento de las suspensiones de las órdenes de captura de los principales cabecillas de los grupos criminales del país, lo que quiere decir que también acabará la 'Paz Total' del actual Gobierno.

Paloma propuso aumentar el gasto en seguridad y defensa en cerca de 20 billones durante el cuatrienio 2026-2030, con el fin de que el sector defensa dé un salto tecnológico que optimice la presencia territorial, la movilidad de las tropas y la vigilancia aérea y marítima mediante el uso de drones de última generación.

También planteó la introducción de 30.000 nuevos militares y 30.000 nuevos policías, para que el pie de fuerza sea de cerca de 530.000 efectivos.

Asimismo, habló de "acciones envolventes" de la Fuerza Pública para capturar a los extorsionistas, brindar parques y entornos seguros y libres de drogas para la niñez, la militarización estratégica en vías y regiones con afectaciones en la movilidad y zonas de riesgo de secuestro, la asfixia financiera a los ilegales y la extinción de dominio exprés, y la "sustitución de cultivos forzosa y generosa".

Por último, habló de recuperar la cooperación internacional con países como Estados Unidos e Israel para desarrollar estrategias en materia de inteligencia.

Sergio Fajardo

El exalcalde de Medellín explicó que su propuesta es el 'Plan Guardián', que priorizará la recuperación de la seguridad con "firmeza, estrategia y trabajo articulado entre la Fuerza Pública, la justicia, los alcaldes y los gobernadores".

Las prioridades serán: recuperar el control del Estado frente al crimen organizado y los grupos armados ilegales; fortalecer la seguridad ciudadana y en zonas rurales en coordinación con alcaldes y gobernadores, y cerrar el paso al crimen transnacional mediante el control efectivo de las fronteras y la cooperación internacional.

En los primeros 100 días indicó que buscará recuperar la inteligencia para afectar las finanzas del crimen organizado en un trabajo mancomunado entre las Fuerzas Militares, la Fiscalía y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Señaló que aumentará en 40.000 el número de policías profesionales durante su cuatrienio y fortalecerá la vigilancia comunitaria con tecnología para la prevención y persecución del delito, priorizando las zonas con mayores niveles de hurto, extorsión y violencia urbana.

Fajardo indicó que duplicará los grupos Gaula para atacar el hurto, la extorsión y la violencia urbana; asimismo, plantea una intervención en las cárceles para atacar a los extorsionadores y la construcción de cinco nuevos centros carcelarios para liberar a 3.000 policías que hoy custodian personas detenidas.

En esta materia también habló de un plan para intervenir en zonas donde los grupos armados ilegales explotan y se enriquecen con las economías ilícitas.

Claudia López

Como los demás candidatos, exceptuando a Cepeda, Claudia López habla de recuperar el control territorial sometiendo al crimen organizado, reduciendo la impunidad y mejorando la seguridad ciudadana.

La exalcaldesa de Bogotá sostuvo que creará una Fiscalía antimafia, que estará a cargo del primer nivel de la justicia: el sometimiento de mafias de corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.

"Todo el capital ilegal que se incaute y recupere se reinvertirá en las regiones", sostuvo.

Claudia López también propone fortalecer las capacidades de investigación y sanción ordinaria de los feminicidios, la violencia intrafamiliar y los crímenes de odio contra la población LGBTIQ+, para que tengan castigos rápidos y ejemplares.

Expuso la posibilidad de transformar e integrar el Inpec a una gendarmería carcelaria y habló de un plan de expansión del sistema carcelario con tecnología, cero corrupción, mayor capacidad y desarrollo de la industria penitenciaria.

Para López hay que ampliar el pie de fuerza de las Fuerzas Militares y de Policía, así como fortalecer la cooperación internacional con organismos multilaterales como la OTAN o la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.

Carlos Caicedo Omar

El exgobernador del Magdalena y exalcalde de Santa Marta propuso en materia de seguridad el pago para estudiar. 

Manifestó que esta es una forma de quitarle a los grupos criminales la posibilidad de contar en sus filas con los jóvenes del país.

"La violencia que se ha acentuado en estos últimos años está sustentada en múltiples causas. Muchas personas que ingresan a estas dinámicas salieron del sistema educativo, dejaron de tener oportunidades. Sus familias probablemente no tenían para darles alimentación o transporte y terminan en estructuras de delincuencia común o crimen organizado", dijo al respecto Caicedo.

Fue enfático en decir que para mejorar la seguridad en el país hay que trabajar en políticas públicas como la inclusión social, puntualmente en educación y empleo juvenil.