Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco se unieron al 'selecto club' de altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro que por sus acciones nada santas en el Ejecutivo fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación, a pesar de que aún faltan nueve meses para que culmine el actual periodo presidencial.

Con el exministro de Hacienda y el exministro del Interior, son siete los altos funcionarios (ministros, directores, secretarios y consejeros) que han sido imputados, y la próxima semana se sumará uno más a la indecorosa lista, Álvaro Leyva Durán. Además, no se puede dejar de mencionar al hijo del Presidente, Nicolás Petro Burgos, procesado por presuntos hechos de corrupción.

En los casos de Bonilla y Velasco, el ente acusador los señaló de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

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Ninguno de los dos aceptó los cargos y que sean imputados no quiere decir que sean culpables. Un largo juicio los espera, pero está claro que debe haber una señal de alerta en el círculo de Petro por la está cantidad inusitada de imputados durante un periodo presidencial vigente, porque en los casos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque surgieron, normalmente, acabados los periodos.

Después de hablar de Bonilla y Velasco, repasemos los demás casos del Gobierno Petro:

Carlos Ramón González: Haber sido director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), lo hace el más cercano a Petro entre los integrantes de esta lista. González fue un apoyo vital en el camino a la presidencia y fue una de las caras más importantes de la Alianza Verde, pero hoy es señalado por la Fiscalía como una de los nombres más importantes en el caso de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Fue imputado por cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros, de los cuales él se ha declarado inocente. Según el ente acusador, fue él quien decidió que le fueron entregados a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes de Senado y Cámara, $3 mil millones y $1 mil millones, respectivamente, para que permitieran que proyectos del Gobierno salieran adelante.

González es requerido por la justicia colombiana a través de circular roja de Interpol, ya que se fugó a Nicaragua y este país, que le entregó la ciudadanía, ha negado su extradición.

María Isabel Urrutia: La medallista Olímpica en Sídney 2000 parecía que llegaba al Gobierno para darle al deporte la visibilidad que le hacía falta, no obstante, salió por la puerta de atrás, señalada de hechos de corrupción.

Fue imputada por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, después de que se conocieran supuestas irregularidades en la firma de 104 contratos.

Al parecer, dio la orden de dar por terminados estos vínculos, los cuales tenían vigencias de cuatro meses, para contratar a las personas nuevamente por un término de tiempo mayor. 

"De esta manera, Urrutia Ocoró pretendía darles continuidad laboral a personas cercanas o referidas para que siguieran vinculadas con el Ministerio del Deporte, a pesar de su salida de la cartera", dijo la Fiscalía.

César Manrique: Este es uno de los casos más importantes, porque en contra de Manrique Soacha, hoy prófugo de la justicia, hay una orden de aseguramiento en centro carcelario.

Así como González, Bonilla y Velasco, César Manrique fue vinculado al escándalo de la UNGRD y lo imputaron por interés indebido en la celebración de contrato, peculado por apropiación y lavado de activos.

"El exdirector de la Función Pública presuntamente facilitó y gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó la entrega a personas específicas de los contratos que surgieran de estos recursos", explicó la Fiscalía en su casa.

En su caso también hay una circular roja de la Interpol.

Olmedo López: El exdirector de la UNGRD es la mayor cara de la corrupción en el gobierno de Petro, aunque él afirmó que solo cumplió órdenes. De los ya mencionados, es el único que aceptó que cometió los delitos que le fueron imputados: concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Los únicos que no aceptó fueron contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, en hechos distintos al escándalo de los carrotanques.

A López le imputaron responsabilidad fiscal por más de $22 mil millones y no es el único exdirectivo de la UNGRD en este hecho, pues también fueron vinculados los exsubdirectores Sneyder Pinilla y Víctor Mesa.

Sandra Ortiz Novoa: La exconsejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Novoa, está en prisión desde el 18 de diciembre de 2024, decisión que fue ratificada el pasado 15 de octubre por el Juzgado 48 Penal Municipal de Control de Garantías.

Es señalada como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

Supuestamente, Ortiz Novoa habría sido la persona encargada de llevar las presuntas coimas a Name y Calle.  

Estos son los siete ya imputados, pero hay un nombre que se sumará el próximo 9 de diciembre: el excanciller Álvaro Leyva Durán.

La Fiscalía radicó la solicitud por el escándalo de la licitación de los pasaportes.

El delito es prevaricato por acción en concurso homogéneo, después de declarar desierta la licitación de los pasaportes, ya que habría carecido de fundamento legal y desconoció los principios de la contratación estatal.

Hijo de Petro

El hijo del Presidente Gustavo Petro, el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, fue imputado en un primer momento por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público. Sin embargo, el problema se creció porque le sumaron los delitos de peculado por apropiación, tráfico de influencia, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido de contratos.

En el primer caso se indica que recibió dineros ilícitos, mientras que en el segundo lo señalan de apropiarse de dineros de las arcas de la Gobernación del Atlántico, a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso), que tenía contratos con el ente territorial para la atención de personas de la tercera edad.

Asimismo, las autoridades tienen la lupa sobre Nicolás por la presunta financiación con fuentes ilegales de parte de la campaña de Gustavo Petro. 

Otras presidencias

Tener siete funcionarios imputados es una marca que no llena de orgullo, pero hay otros presidentes que han tenido funcionarios investigados en la vigencia de sus periodos.

Por ejemplo, con Álvaro Uribe Vélez están los casos de Jorge Noguera, exdirector del DAS, por las 'chuzadas', y vínculos con el paramilitarismo, y Sabas Pretelt, por la 'Yidis-política', que fueron las maniobras ilegales para asegurar la reelección de Uribe Vélez.

También vale mencionar a Mario Aranguren, exdirector de la UIAF, por concierto para delinquir agravado, prevaricato y abuso de la función pública, relacionado con las 'chuzadas'.

Manuel Cuello Baute confesó haber cometido el delito concusión, ya que como Supernotariado confesó haber entregado más de 30 Notarías a congresistas para que votaran a favor de la reelección de Uribe.

Se dieron otras condenas como las de Salvador Arana y Juan José Mosquera, pero por hechos que no están vinculados al Gobierno de Uribe.

Juan Manuel Santos e Iván Duque

Aunque después de su periodo las imputaciones crecieron, durante su gobierno de ocho años, Juan Manuel Santos tuvo pocos funcionarios señalados de delitos por la Fiscalía.

Se puede mencionar al expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, por interés indebido en la celebración de contratos.

Duque tampoco se salva y es que el escándalo de las 'Marionetas' dejó varios nombres ligados a la corrupción.

Entre ellos están Pierre García, exdirector de Prosperidad Social e imputado por concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.

Supuestamente integró una red en donde se celebraron contratos irregulares entre el DPS y la empresa Proyecta Quindío.