Las anunciadas medidas del Gobierno Nacional en el sentido de establecer “alivios” tarifarios en el servicio de energía en la Región Caribe, antes de generar soluciones definitivas lo que realmente pretenden es aplazar el grave problema para los usuarios.

En principio, el Gobierno aseguró que habría “rebajas” tarifarias durante el último trimestre de este año, lo cual ha despertado gran expectativa en la Región, teniendo en cuenta los exagerados incrementos que han tenido en los últimos dos años.

Sin embargo, en términos prácticos, el “alivio” que se establezca para lo que resta del año, realmente le será recobrado a futuro a los usuarios. Lo que significa que los “alivios” serían, prácticamente, una nueva deuda que irían acumulando los usuarios con las empresas, hasta que estas decidan recobrar lo que aplicaron con la anunciada “rebaja”.

Así lo advirtió Fernando Barrera Rey, Director de Frontier Economics LTD, una empresa consultora con experiencia particular en energía, telecomunicaciones, regulación y competencia, con sede en Madrid - España, contratada por Fundesarrollo para analizar el impacto que ha tenido el aumento tarifario en la Región Caribe.

“Este será un impacto temporal. Las tarifas bajarían probablemente hasta el mes de diciembre pero ese dinero que se deja de cobrar tendrá que pagarse posteriormente. En cierto modo estamos echando el problema hacia adelante más que intentar resolverlo”, explicó el Consultor.

Precisó que, realmente, los costos eficientes de la prestación del servicio los tienen que pagar los usuarios y los no eficientes no deberían pagarlos, en cumplimiento de la Ley 142 (de Servicios Públicos Domiciliarios).

“Los usuarios tendrán una deuda que deberán pagar a futuro sobre las tarifas y entonces eso que se deja de pagar hoy día tendrá que pagarlo después. Es peligroso diferir costos a futuro porque eso significa que en el fondo la gente está incurriendo en una deuda por consumir en el pasado”, enfatizó.

Como agravante de la situación, esos pagos a futuro serán “con intereses y con inflación”.

“En Colombia existen subsidios en los estratos 1, 2 y 3, probablemente subirán en términos monetarios, pero la parte que no está subsidiada tendrá que pagar. Es injusto que la gente tenga que pagar por pecadores, lo cual abre un debate interesante en la Costa Caribe porque los fraudes de energía no los están pagando las empresas distribuidoras sino que lo están pagando otros”, recalcó.

El estudio estableció que los incrementos en el Costo Unitario (CU) de prestación del servicio de energía y de las tarifas en la Región Caribe en 2021 y el primer trimestre de 2022 se explican principalmente, en su orden, por los componentes de pérdidas, distribución y comercialización, cargos regulados por la CREG.

En efecto, el solo componente de las pérdidas explica en el caso de Air-e el 70% del alza en 2021 y el 54% en el primer trimestre de 2022. Y para Afinia el 57% en 2021 y el 42% entre enero y marzo del presente año. 

Por su parte, el de distribución su contribución al incremento durante 2021 y el primer trimestre de 2022 fue del 18% para Afinia en los dos periodos. Y para Air-e fue 4% y 7%, respectivamente.

De acuerdo con el estudio, la regulación reciente, en especial la del régimen “singular y transitorio” para la Región Caribe, la CREG se aparta de los criterios básicos descritos en el Artículo 87 de la Ley 142 de 1994, para definir las fórmulas tarifarias que adopten las Comisiones de Regulación en Colombia, presuntamente en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1955 de 2019 (Ley del Plan Nacional de Desarrollo) y sus decretos reglamentarios.

“La evolución de la regulación, del modelo de gestión, y la necesidad de un marco regulatorio especial para la Región Caribe no son más que la confirmación de que el esquema propuesto no ha dado los resultados esperados. El modelo resultaría integral y eficiente en una empresa saneada en sus pasivos históricos y cuyas tarifas generaran un flujo de caja similar al precio de compra”, señala.

Tomando como referencia el análisis anterior, se estimaron modelos econométricos bajo las metodologías de “Estudio de Eventos” y “Mínimos Cuadrados En Tres Etapas (MC3E)” para medir los impactos del alza de las tarifas de energía en el ingreso disponible, pobreza monetaria y extrema, y en la producción bruta del sector industrial. 

Según Frontier Economics LTD, los resultados sugieren que los incrementos en la tarifa de energía eléctrica en la Región Caribe disminuyen el ingreso disponible de los hogares, aumentando la proporción de estos en la pobreza monetaria y pobreza extrema.

Indica el estudio que los resultados obtenidos del modelo de MC3E, establecen que un alza en las tarifas de energía reduce la producción bruta en todas las regiones de Colombia. Esto  se soporta en que dichos incrementos aumentan los costos de producción, principalmente en aquellas actividades industriales intensivas en su uso. lo que conlleva al encarecimiento del precio final de los bienes producidos, y posteriormente a una caída en su demanda que termina impactando los niveles de producción de la industria manufacturera.

Además, “los resultados evidencian que la elasticidad de la energía es superior a la del trabajo y capital, siendo la del Caribe mayor que la del país, reflejando el uso intensivo de la energía en las actividades industriales realizadas en esta región. Por lo tanto, aumentos en las tarifas de energía eléctrica afectan la competitividad de este sector, que contribuye a la producción regional en 12.8% y al total de la industria nacional en 14.0%”.

A manera de ilustración, “los resultados indican que un aumento del 10% en la tarifa de energía en la Región Caribe genera una disminución del 0.6% en la producción bruta del sector manufacturero, mientras que en Colombia, aumentos en la tarifa de energía de igual proporción conlleva a una caída en la producción del 0.09%”.

El estudio se concentró en los siguientes eventos:

- Aplicación de la Resolución CREG 188 de 2020 que incrementó en un 20% el Costo Base de Comercialización (CBC) definido en la Resolución CREG 036 de 2015.

- Aplicación de la Resolución CREG 024-2021, que reconoce un índice de pérdidas totales de 27,2% y uno de pérdidas de nivel de tensión 1 de 35,1% para Air-e.

- Incrementos durante noviembre y diciembre de 2021 relacionados con la aplicación de la senda de la opción tarifaria que suavizó aumentos anteriores derivados del reconocimiento de pérdidas en julio de 2021. En estos meses se da el mayor cambio en las tarifas, con un crecimiento del 15%.

Otra de las conclusiones del estudio es que tras múltiples medidas en lo regulatorio, en política pública, haber incluido programas de reducción de pérdidas, financiado inversiones, tenido 4 operadores diferentes, permitido a terceros llevar a cabo las inversiones y dado subvenciones durante muchos años, el panorama de la prestación del servicio de energía eléctrica en la Región no parece consistente con 25 años de reformas.