Reactivan proyecto de cárcel La Candelaria e impulsan el modelo de Barranquilla Digital
También implementarán 510 nuevos cupos para disminuir el hacinamiento carcelario.
La Gobernación del Atlántico y el Ministerio de Justicia sentaron las bases para reactivar el proyecto de construcción del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional La Candelaria, que albergaría 5.000 privados de la libertad y lo que contribuiría a bajar los índices de hacinamiento en el departamento.
Así quedó acordado en un encuentro que se cumplió este jueves en Barranquilla y al que asistieron la Gobernadora, Elsa Noguera; el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela; el Director del Inpec, MG Mariano Botero Coy y el Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Andrés Díaz.
“Muy contento porque lo de la cárcel La Candelaria va a ser una realidad, ya estamos reactivándolo, hay un convenio marco y dos convenios adicionales y le vamos a dar para que más adelante el centro de orden nacional podría albergar 5 mil internos”, destacó el Ministro Wilson Ruiz al término de la reunión.
En principio se tiene prevista una fase inicial para albergar 2 mil internos.
Por otra parte, el Ministro destacó el propósito del Gobierno Nacional de convertir a Barranquilla como pionera de la justicia digital.
“Aspiramos que en este bello Distrito de Barranquilla finalmente le demos la justicia digital como iniciativa para hacerlo en el resto del país”, resaltó.
Al mismo tiempo, como resultado de la reunión, anunció que “gracias a la gestión de la Gobernadora del Atlántico en octubre o noviembre estaremos entregando 510 cupos para acabar con el hacinamiento carcelario que hay en estaciones de Policía y las URI”.
En el encuentro también se evaluó la posibilidad de realizar un encuentro internacional académico con varias personalidades y que Barranquilla sea el epicentro, después que entre a aminorar la pandemia del Covid-19
El Ministro Wilson Ruiz también asistió en Barranquilla al II Congreso de actualización jurídica realizado por la Regional 8 de la Policía Nacional.
Allí dialogó sobre la responsabilidad del Estado en los procesos de defensa jurídica, además de la garantía y protección de los derechos de los ciudadanos.