Mientras persiste el hacinamiento en las cárceles, de manera increíble siguen en vilo las obras para la ampliación de cupos.

Es al menos lo que viene ocurriendo en el departamento del Atlántico, como consecuencia de una sucesiva e inexplicable delegación de funciones entre diferentes entidades.

Tras un completo diagnóstico sobre hacinamiento y diferentes necesidades de infraestructura y de atención a la población carcelaria, el Gobierno Nacional decidió meterle mano al sistema penitenciario.

Sin embargo, las facultades para realizar los procesos de contratación ya no están en poder del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) sino en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

Esta Unidad ha sido blanco de fuertes cuestionamiento debido a varios casos de contratación que están en la mira de los entes de control.

En este caso en particular, el 29 de noviembre de 2016 Fonade y la Uspec suscribieron el Contrato Interadministrativo 216144, por 411.236 millones 12.280 pesos, “para realizar la Gerencia de la construcción e interventoría, ampliación de cupos y mantenimiento de la infraestructura carcelaria y penitenciaria de orden nacional, lo que supone adelantar estudios, diseños, demolición, mantenimiento, suministro, mejoramiento, conservación y ampliación, así como la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura en materia Penitenciaria y Carcelaria”.

En principio el plazo de ejecución pactado fue hasta el 31 de diciembre de 2019, pero posteriormente la fecha fue prorrogada, 24 de julio de este año, hasta el 30 de junio 2021.

Así, la Uspec, en su condición de estructurador de los proyectos y como conocedora de las necesidades de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, quedó como la entidad responsable de la priorización de las actividades a desarrollar, así como su alcance y definición de cantidades, teniendo en cuenta que dicha entidad ha adelantado procesos de contratación y ejecución de proyectos similares

Entre tanto, Fonade, de acuerdo con su línea de negocio de gerencia de proyectos, quedó con la competencia de adelantar los procesos de contratación

En el caso del Atlántico, fue abierta la Convocatoria Pública CPU-020-2017 para el “mantenimiento de la infraestructura física general” de las cárceles Modelo, El Bosque y de Sabanalarga.

En desarrollo de este proceso, el 28 de septiembre de 2017 fue firmado el contrato con el Consorcio Fonade 020 Cárceles, por valor de 3.992 millones 254 mil 38 pesos.

Este Consorcio está integrado por las siguientes sociedades: Cumbre Ingenieria S.A.S. (15%), representada por Leonardo Iván Ramírez Bernal; Ingenial Construcciones Ltda (15%), representada por Lee Marvin Fuentes Patarroyo; Lobo Vargas Construcciones S.A.S. (20%), representada por María Cristina Lobo Vargas; Soluciones Integrales Unión S.A.S. (16%), representada por Flaminio Sánchez Sánchez y la Empresa de Proyectistas y Constructores S.A.S. (34%) - Emproycon S.A.S.- representada por Frank Freddy Galaraga Mafioli.

Para las obras en la Cárcel Modelo se estableció un plazo de ejecución de 14 meses y para las de El Bosque y Sabanalarga, 7 meses cada una. El pasado 15 de noviembre el plazo fue ampliado por un mes más para los casos de El Bosque y Sabanalarga.

La interventoría para estas tres cárceles fue adjudicada al Consorcio Consultores de Ingeniería UG21 SL Sucursal en Colombia, conformado por Manuel González Moles (51%) y Johon Haiber Mazo López (49%).

Este contrato fue adjudicado por 1.158 millones 774 mil 400 pesos.

Lo que llama la atención es que, además de las cárceles Modelo, El Bosque y de Sabanalarga, el interventor también tendrá las mismas funciones para los centros penitenciarios de Montería, Tierralta, Sincelejo y Caucasia.

No obstante, se siguen esperando efectivos resultados frente a la multimillonaria contratación. La cárcel Modelo, por ejemplo, registra una población muy superior a la de su capacidad. El plazo de ejecución está por vencerse y son pocos o casi nulos los avances para lograr el objetivo.

Recientemente, la Contraloría General de la República (CGR) cuestionó “el escaso dinamismo de la construcción de nuevos cupos carcelarios”.

En su informe auditor, la CGR precisó que de los 1,839 cupos dados al servicio en el período, sólo 768 fueron nuevos. “Ello quiere decir que los 1,171 restantes fueron habilitados, refaccionados o acondicionados en pabellones preexistentes, lo que implica que se habilitaron espacios para que los internos pernoctaran sin los correspondientes espacios para resocialización, alimentación, salud y demás aspectos de habitabilidad contemplados en las normas internacionales para proteger los derechos la población privada de la libertad. Tal circunstancia se ve agravada cuando se evidencia que la mayoría de cupos rehabilitados, se implementaron dentro del 88% de la infraestructura existente, que es obsoleta, está deteriorada y carece de los espacios necesarios para el desarrollo de programas exitosos de resocialización”.

Es la situación que se viene registrando en la Cárcel Modelo de Barranquilla, donde hasta la capilla ha sido habiitada como celda, tal como recientemente lo reseñó el Personero Jaime Sanjuan Pugliesse.