La gestión del Presidente saliente Iván Duque en torno a los megaproyectos prometidos para la Región Caribe y en particular el departamento del Atlántico, deja un resultado deficiente.

Con bombos y platillos de manera reiterada el mandatario realizó importantes anuncios para grandes obras que permitieran garantizar la navegabilidad en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, la ampliación y modernización del aeropuerto internacional ‘Ernesto Cortissoz’, así como las APP del Río Magdalena y Canal del Dique.

En esta hipotética gesta estuvo acompañado por la Ministra de Transporte, la barranquillera Ángela María Orozco y del Director de Cormagdalena, el también oriundo de La Arenosa, Pedro Pablo Jurado. Además del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez.

Si bien en el caso del aeropuerto y las APP del Río y Canal del Dique fueron procesos heredados, el Gobierno Duque no fue capaz de darles los impulsos necesarios para convertirlos en realidad.

Y en el caso del puerto, las multimillonarias inversiones en dragados, contratados por el Patrimonio Autónomo Findeter - Cormagdalena, tampoco dieron los resultados esperados, generando inestabilidad en el canal de acceso con las graves consecuencias para el movimiento portuario y el comercio exterior.

El ‘chorro’ contractual en los dragados

En el caso del puerto de Barranquilla los cuatro años del Gobierno Duque resultaron similares a los de sus antecesores, en el tema del mantenimiento del canal de acceso.

Un interminable y cuestionado ‘chorro’ contractual que deja más problemas que soluciones.

Tal como de manera reiterada y oportuna lo ha revelado Zona Cero, las multimillonarias contrataciones no se reflejan en las óptimas condiciones del canal de acceso. 

Incluso, la situación ha llegado a tal gravedad como la ocurrida el 20 de noviembre de 2021 cuando la Dimar, a través de la Capitanía de Puerto, se vio obligada a reducir el calado a 6,2 metros, el más bajo en la historia del canal.

En esa oportunidad la contratación estaba a cargo de la firma European Dredging Company (EDC), filial de la matriz belga Jan De Nul, que había dispuesto la draga ‘Bartolomeu Dias?.

Tras la terminación de dicho contrato, a finales del 2021 el Patrimonio Autónomo Findeter - Cormagdalena adjudicó el mantenimiento al Consorcio Dragado del Canal de Barranquilla 2021-2022, integrado por CCCC Shanghai Dredging Co., LTD - Ingecon S.A. por un valor de 49.499 millones 992 mil 892 pesos. Contrato al cual se le hizo una adición por $32 mil millones, para totalizar 81.499 millones 992 mil 892 pesos, en lo referente a obras. Y que sumado al contrato inicial más adición por interventoría, por 1.530 millones 774 mil 514 pesos, representa un global de 83.030 millones 767 mil 406 pesos en la vigencia 2022.

Sin embargo, las cuentas del volumen a dragar, inicialmente de 2 millones 58 mil 584 metros cúbicos (M3), más adición de 1 millón 330 mil M3, para un total de 3 millones 388 mil 584 M3, se quedaron cortas.

Para al menos mantener en algo el canal de acceso, se requerirían otros $17 mil millones, conservando así la cifra de los $100 mil millones y más que se gastan anualmente en el canal navegable. Sin que se logre la estabilidad que se necesita para evitar los graves perjuicios a la operación portuaria local.

Un tema que fue más de lo mismo en el Gobierno Duque.

APP del Río

Y si el tema del puerto de Barranquilla resultó un rotundo fracaso durante el Gobierno saliente, más grave aún fue lo sucedido con la licitación para adjudicar la APP del Río Magdalena. En todo caso, un proceso asociado con el mejoramiento de las condiciones del canal de acceso al puerto barranquillero.

Si bien se trataba de un proceso heredado del Gobierno anterior, no hay que olvidar que el Presidente Duque y la Ministra de Transporte, la barranquillera Ángela María Orozco, anunciaron públicamente que cogerían “el toro por los cachos” para hacerle una “reingeniería integral” y así la APP fuese una realidad antes de concluir su mandato.

Bajo ese plan comenzaron las demoras. Aumentaron las promesas similares a las de cumbiamberas. Y así todo un ‘Carnaval’ de anuncios que, con el tiempo, se fueron diluyendo hasta terminar con el fracaso total.

Fue el 16 de junio cuando al cierre del plazo para la presentación de las propuestas no se registró ni un solo oferente, por lo cual el proceso fue declarado desierto.

De esta manera la tan anhelada APP del RÍo, calculada en 1 billón 512.754 millones 469 mil 22 pesos, quedó encallada por segundo Gobierno consecutivo (Santos + Duque).

El utópico ‘plan B’ de Duque

Curiosamente, una vez declarada desierta esta licitación el Presidente Iván Duque saltó a la luz pública para proponer un ‘plan B’.

Ni más ni menos se trataba de una alegre respuesta al fracaso, anunciando que los recursos destinados para la APP del Río serían reorientados, de manera inmediata, para darle solución a los problemas del puerto de Barranquilla.

Tan alegre como irresponsable pensar que los dineros asignados y certificados para la APP del Río pudiesen ser transferidos para otra destinación, sin cumplir con los demorados trámites de ciertos requisitos legales.

¿O acaso el Presidente Duque pensaba burlarse de los Gobernadores y Alcaldes con influencia en la Cuenca del Magdalena, así de manera fácil desconociendo que dichos recursos ya tienen destinación específica?

En ese mismo ‘plan B’ anunció recursos para la compra de dragas para el mantenimiento del canal, para lo cual se dispondrían, de inmediato, los documentos Conpes y Confis requeridos. Otra promesa utópica.

En resumen, ni recursos, ni dragas, ni APP del Río, ni mucho menos la prometida fase del Superpuerto. ¡Fracaso total!

Aeropuerto se quedó sin ‘plan de vuelo’

Y si con el puerto y la APP del Río el Gobierno Duque quedó ‘encallado’, en el caso del aeropuerto internacional ‘Ernesto Cortissoz” la modernización y ampliación ni siquiera cogió vuelo.

Al igual que con el puerto y la APP del Río hubo ‘lluvia’ de promesas, que finalmente quedaron en eso.

Realmente, los usuarios que diariamente transitan por la terminal aérea no solamente no ven mejoras en las instalaciones sino que, lo que es peor, las mismas son cada vez son más incómodas.

Una situación a la que debe responder la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. integrado por Valorcon S.A. (41,50%), Equipo Universal (41,50%) e Inversiones Milenium Azcipo S.A.S. (17%). Además de la interventoría a cargo del Consorcio Interaeropuertos S.A.S. conformado por Interventoría Inzett S.A.S. (51%), GNG Ingeniería S.A.S. (25%) y J. Felipe Ardila V. & Cía S.A.S. (24%).

Pero dicha responsabilidad tampoco debe ser ajena tanto al Presidente Duque como a la Ministra Ángela María Orozco.

Otro megaproyecto de ‘corto vuelo’ durante el Gobierno Duque.

Las demoras y aplazamientos con el Canal del Dique

Como si fuese poco con lo anterior, el Gobierno Duque tampoco le cumplió a la Región Caribe con la APP para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique.

Otro proceso heredado que también fue incapaz de sacarlo adelante.

Como consecuencia de ello, tras departamentos con sus territorios de influencia, quedaron a la espera de que, por fín, este megaproyecto se hiciera realidad. Así:

- Bolívar: Cartagena, Mahates, Calamar, Arjona, Turbaná, Arroyo Hondo, San Estanislao de Kostka, María La Baja, San Cristóbal y Soplaviento

- Atlántico: Santa Lucía, Suan, Luruaco, Manatí, Sabanalarga, Candelaria, Repelón y Campo de la Cruz.

- Sucre: San Onofre.

Durante los 4 años de gestión mantuvo a la ciudadanía con la gran expectativa de protocolizar esta APP por un valor de 3 billones 256.619 millones 15 mil 871 pesos.

Sin embargo, el proceso evidenció fallas en la planeación y otros tipos de aspectos que finalmente condujeron al Gobierno electo y entrante a solicitar el aplazamiento de su adjudicación, a efectos de reorientarlo y tomar las decisiones del caso.

Por ello, la ANI decidió reprogramar la fecha de adjudicación para el próximo viernes 12 de agosto.

Estos hechos demuestran que si bien el Gobierno Duque respaldó iniciativas planteadas desde la Gobernación y la Alcaldía de Barranquilla, le falló al departamento en la toma de decisiones y ejecución de los verdaderos megaproyectos que impulsarían al Atlántico y la Región Caribe en general, hacía la competitividad y la tan necesaria reactivación económica tras la pandemia del Covid-19.