La Procuraduría General de la Nación urgió a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) a planificar acciones inmediatas encaminadas a brindar garantías especiales de protección a los líderes y defensores de derechos humanos que se encuentran inscritos como candidatos a las elecciones del próximo 27 de octubre. 

A través de la Directiva 011 de 2019, el órgano de control exhortó a los ministerios del Interior, Defensa, a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la Policía Nacional, a los gobernadores, alcaldes, personeros municipales, a la Defensoría del Pueblo y a los funcionarios de la Procuraduría General, a aunar esfuerzos y trabajar de manera articulada en estrategias, planes, y acciones prácticas, diversas y territoriales para defender su vida e integridad. 

Entre las acciones a priorizar el Ministerio Público recomendó, en primera medida, identificar de la lista de candidatos inscritos para las elecciones a quienes ostentan la condición de líder social, en especial aquellos que hagan parte de los programas de protección de la UNP, hayan efectuado algún reporte de potencial de riesgo, o que sean sujetos de medidas de protección por parte de otras entidades del Estado. 

Así mismo, enfatizó en la importancia de estructurar un censo de estos candidatos, con los datos necesarios de identificación, y con la reserva debida, sectorizarlo por regiones, departamentos y áreas de trabajo en liderazgo, y requerir a los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos la adopción de medidas internas, informadas y articuladas con las autoridades electorales. 

La Procuraduría pidió además definir e implementar de manera inmediata un sistema temporal de comunicación y diálogo con los candidatos, así como una línea de atención especializada para denuncias y reportes específicamente relacionados con el proselitismo electoral y las posibles afectaciones frente al ejercicio del liderazgo social. 

“Poner en funcionamiento la Ruta Especial de Protección para Candidatos y el Compite Especial de Implementación de Medidas de Protección Electoral, contemplados en el Plan Ágora, las cuales deberán tener un capítulo especial dirigido a líderes y lideresas candidatos (as), con la identificación de recursos, estrategias y acciones específicas, y con la participación de los partidos, movimientos y grupos de ciudadanos”. 

La Procuraduría instó a todos los funcionarios del Ministerio Público a darle prioridad funcional a la protección de líderes y defensores de derechos humanos, y reportar con urgencia toda circunstancia que pueda ser generadora de riesgo o que de alguna manera pueda impactar el proceso electoral territorial, todo en coordinación con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.