Ante el anuncio del Gobierno Nacional de ajustar la forma en la que se fija el precio de la Vivienda de Interés Social- VIS-, la Procuraduría General de la Nación, en  desarrollo de sus acciones preventivas y en atención al impacto social, económico y contractual que la medida pueda generar, envió un oficio al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio requiriendo información técnica que permita fortalecer la acción preventiva.

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Advierte la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública que reformar el sistema para adquirir vivienda de interés social pasando de un cálculo en salarios mínimos legales mensuales vigentes a pesos colombianos, podría generar posibles riesgos normativos, contractuales, financieros y sociales que desencadenarían en demandas e incumplimientos.

La solicitud del Ministerio Público busca, entre otros aspectos, propiciar claridad sobre el régimen de transición aplicable a proyectos y promesas de compraventa VIS en curso, reforzar la protección del consumidor de vivienda y promover una adecuada articulación entre el precio de los inmuebles, los subsidios estatales y los esquemas de financiación, con el fin de evitar descalces que puedan afectar el cierre financiero de las familias.

Estas razones llevaron a la Procuraduría General a convocar una mesa técnica interinstitucional el próximo 28 de enero con el fin de analizar de forma preventiva los impactos del proyecto de decreto y a promover una implementación armónica de la política pública de vivienda, en coordinación con las entidades competentes.