La Procuraduría General de la Nación propuso un debate nacional alrededor de los retos en la implementación de la Política Pública de Víctimas, especialmente, frente a las garantías de no repetición que se hacen urgentes en escenarios de emergencia humanitaria como Cauca y Catatumbo.

Esto tras los recientes desplazamientos masivos ocurridos allí en el primer trimestre 2025 y las alertas identificadas para otras zonas del país.

"A propósito del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el Ministerio Público aseguró que, pese a los ingentes esfuerzos del Gobierno Nacional por aumentar la asignación de recursos para esta política, las necesidades de los afectados superan las capacidades presupuestal e institucional, lo que requiere una mejora en los procesos de planeación, articulación nacional, nación-territorio y el incremento de la capacidad institucional del nivel territorial", compartió la Procuraduría General de la Nación.

Además, agregaron que "entre los temas críticos detectados hay deficiencias para garantizar el mínimo vital de la población afectada por las emergencias humanitarias, ausencia de políticas específicas para su estabilización socioeconómica y dificultades para acceso a los programas en zonas rurales y en el exterior".

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También, que hasta el momento se ha indemnizado solo al 12% de las 9.8 millones de víctimas del conflicto armado registradas desde 2004 y para lograr ponerse al día se necesitan aproximadamente 83 billones de pesos, según el último costeo de la Contraloría General de la República.

*Con información de la Procuraduría General de la Nación