La Procuraduría General de la Nación presentó ante el Tribunal Administrativo de Bolívar una acción popular para proteger la vida e integridad de los cartageneros amenazados por construcciones ilegales y su derecho a una vivienda en condiciones dignas y seguras. 

Para el Ministerio Público, ante la evidencia de que en Cartagena se presenta un desconocimiento sistemático y generalizado de las normas urbanísticas, como ocurrió con el edificio Portales de Blas de Lezo II, cuyo desplome le costó la vida a 21 personas y heridas a otras 23, se solicitó la adopción de medidas cautelares que garanticen la protección inmediata de los ciudadanos. 

La acción popular pide que se ordene a la alcaldía de Cartagena la creación de un Grupo Especial para la Normalización, Vigilancia y Control de la Actividad Urbanística, en el que participen la Policía Metropolitana, el ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. 

Así mismo, que se adopte un Plan de Normalización de la Actividad Urbanística, que incluya un sistema de información oficial, técnico y actualizado sobre el estado de las construcciones, seguimiento y visitas a las obras y alertas tempranas que permitan conjurar de forma oportuna los riesgos derivados de la actividad las construcciones.

La Procuraduría solicitó que este plan esté acompañado de acciones policivas para la suspensión de obras sin licencia urbanística, y particularmente para aquellas donde tengan participación María Quiroz Ruíz y/o Wilfran Quiroz y/o por la empresa Constructora & Quiroz: Proyectos, Construcciones y Desarrollo S.A.S, responsable de las obras en el edificio Portales de Blas de Lezo II, o sociedades en que hagan parte.

También el Ministerio público pide al tribunal que ordene la realización de estudios técnicos sobre obras sin licencia urbanística para identificar deficiencias estructurales que puedan constituir riesgo para la comunidad, así como la realización inmediata de trabajos de estabilización, reforzamiento, adecuación que se requieran para mitigar la amenaza o que se ordene la demolición.

La Procuraduría plantea así la creación de un punto unificado de atención a la ciudadanía que oriente, asesore e informe sobre los trámites para el otorgamiento de licencias, reconocimiento de obras y recepción de quejas, así como la necesidad de crear mecanismo de verificación y control a las funciones que en materia urbanística competen a la Alcaldía de Cartagena y a las Curadurías 1 y 2, para garantizar que se cumplan  bajo los criterios de oportunidad y eficiencia.

La Procuraduría propondrá al Tribunal Administrativo de Bolívar la organización de mesas de trabajo técnicas sobre desarrollo urbanístico sostenible y seguridad jurídica, junto con la Alcaldía de Cartagena, el apoyo de la Cámara de Comercio de Cartagena y la invitación a la red de constructores y compradores de vivienda y a las agremiaciones vinculadas con el sector, para contribuir al plan de normalización y hacer un seguimiento a las medidas ordenadas judicialmente.

Esta acción popular está dirigida contra la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias D.T. y C., incluidas la Secretaría de Planeación y Oficina de Control Urbano, las alcaldías locales y las inspecciones de policía, las Curadurías Urbanas 1 y 2 y en  subsidiariedad contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Fuente: Procuraduría General de la Nación