La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo enviaron una comunicación a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, en la que le transmitieron los interrogantes sobre la gestión del riesgo y otras tantas observaciones sobre los componentes social y ambiental que implicará la restauración del Canal del Dique.

"El 24 y 25 de marzo de 2022 se realizaron reuniones con pescadores artesanales, organizaciones de agricultores y comunidades ribereñas al Canal, a las que no asistió la ANI, en Santa Lucía, Atlántico; y en Arjona, Bolívar. Al finalizar las jornadas se acordó transmitir las inquietudes y requerimientos de los ciudadanos a la Agencia", indicó la entidad.

En la comunicación enviada también se advirtió que las personas que habitan en los lugares de influencia del Canal del Dique insisten en la necesidad de la socialización por el desconocimiento que existe sobre los posibles impactos del proyecto y aspectos como las especificaciones de los planes de manejo de carácter ambiental.

El Ministerio Público pidió dar respuesta clara y oportuna a los interrogantes en temas como la eventual sedimentación o desaparición de las ciénagas, el manejo de las compuertas, las campañas de monitoreo de pesca, la seguridad alimentaria, la situación de los manglares, la proyección de inundaciones, entre otros.

Y solicitaron garantías de participación para conocer el detalle de los procesos; además, que el personal para la obra sea del área de influencia, que les den a conocer los planes para el sostenimiento de quienes no podrán adelantar sus actividades habituales, vigilar que las esclusas y compuertas permitan el libre tránsito fluvial.   

Por tanto, la Procuraduría y la Defensoría pidieron considerar todo lo enunciado en el documento, “con el fin de asegurar y garantizar el goce y disfrute efectivo de los derechos humanos, fundamentales y colectivos que puedan ser amenazados y/o vulnerados a las comunidades dentro del área de influencia del proyecto “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”.

Finalmente, se requirió a la ANI indicar las fechas y municipios que definirá para las respectivas socializaciones y responder así a las dudas expresadas por los habitantes en las mesas de trabajo con el Ministerio Público.