En el "Día Internacional de los Niños víctimas inocentes de agresión", la Procuraduría General de la Nación instó a las entidades que conforman la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños (CIPRUNNA) a priorizar acciones que mitiguen los delitos de lesa humanidad como reclutamiento ilícito y violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en medio del conflicto armado.   

En cumplimiento de la Directiva No. 10 de 2021 emitida por el órgano de control, se exhorta a las entidades a fortalecer y acelerar la gestión institucional y poner en marcha el Plan de Acción para la prevención, así como diseñar una estrategia que permita conocer la verdadera dimensión del reclutamiento ilícito de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los pueblos indígenas y afrocolombianos.  

Según el Registro Único de Víctimas (RUV) a corte del 1 de mayo de 2021, 1.086.147 niños y niñas entre 0 y 11 años han sido afectados por la confrontación armada; más de un millón de menores de edad han sido vulnerados por el desplazamiento forzado, y cerca de 60 mil niños y niñas por amenazas y confinamientos.  

Ante las alarmantes cifras el Ministerio Público también hace un llamado a las autoridades departamentales, distritales y municipales a promover todos los mecanismos que permitan prevenir este delito, al igual que el uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por parte de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAO) y Grupos Armados Delictivos Organizados (GDO).  

Asimismo, solicita robustecer el enfoque étnico en las diferentes líneas de políticas públicas en materia de prevención, atención y protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y garantizar el acceso a la salud, educación y vivienda digna de la población desplazada víctima del conflicto armado en contextos urbanos y rurales.  

Por último, la Procuraduría invita a las entidades de CIPRUNNA a trabajar de manera coordinada con los Consejos de Política Social Departamentales, Distritales y Municipales, la Mesa de Infancia, el Comité Territorial de Justicia Transicional, la Alta Consejería para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al conflicto armado en Colombia, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ejército Nacional, según la atención que se requiera.