La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra tres funcionarios de la dirección de tecnología de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de un contrato por más de $140.000 millones.

Se trata del jefe de la oficina Jurídica, encargado de las funciones de director administrativo y financiero, Juan José Trillos Ramírez; la directora de Otras Prestaciones, Laura Beltrán, y del director de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Hisnardo Ubaque.

La Procuraduría busca establecer la existencia de supuestas faltas disciplinarias en la celebración y ejecución del contrato No 080 de 2018 suscrito con la Unión Temporal Auditores de Salud, ante un supuesto incumplimiento del negocio jurídico que tenía por objeto realizar la auditoría integral a las solicitudes de recobros por servicios y tecnologías no incluidas en el plan de beneficios con cargo a la UPC (Unidad de Pago por Capitación).

Luego del cierre de la acción preventiva, el Ministerio Público advirtió supuestos incumplimientos del contratista para atender las obligaciones del negocio jurídico, al no auditar integralmente los recobros y no garantizar su continuidad por los inconvenientes presentados con el sistema de información, que fue aprobado en el momento en que se suscribió el acta de inicio. 

Los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre. 

Indagación por supuesta falta de gestión

Al mismo tiempo, el ente de control abrió indagación preliminar a funcionarios por determinar de la ADRES, por supuesta falta de gestión eficiente en la administración de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Al parecer, se estarían presentando inconsistencias en la aprobación y el pago de los recobros con cargo a los recursos del sistema. 

Además, se indaga presunta dilación en la toma de decisiones de los encargados de proteger el derecho fundamental a la salud y falta de transparencia en el uso de los recursos. 

En una acción preventiva y de vigilancia, la Procuraduría encontró que desde abril de 2018 hasta la fecha se han radicado cuentas por un valor aproximado de 6.6 billones de pesos por concepto de recobros, y a través de la medida excepcional de giro previo se han pagado 3.6 billones de pesos.  

Para el órgano de control esta figura excepcional no puede ser utilizada como regla general para asegurar el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), aún cuando las bases de datos utilizadas para los giros previos, al parecer, contienen información inexacta e incompleta. 

El órgano de control ordenó la práctica de pruebas encaminadas a verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó el comportamiento, el perjuicio causado a la administración pública. 

La Procuraduría avanza en el cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional que en la Sentencia T- 760 de 2008 impuso al ente de control el deber de verificar que los recursos destinados para la salud sean administrando de manera eficiente, conforme a los principios de la función pública.