Este miércoles el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, alertó al país que el Ministerio Público fue excluido de la la Justicia Especial para la Paz (JEP).

“La Procuraduría advierte que en la consideración del proyecto de Acto Legislativo por el cual se crea un título transitorio en la Constitución Política, para incluir normas para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, se excluye totalmente la participación del Ministerio Público en los procesos que se sigan ante la Jurisdicción Especial para la Paz", indicó el despacho de Carrillo en un comunicado.

 La Procuraduría recordó que según mandato de la Constitución su principal función es la de “representar a la sociedad ante la administración de justicia, garantizar el respeto de los derechos fundamentales en curso de actuaciones judiciales y hacer efectivos los derechos de las víctimas”, por lo que considera que la exclusión es una afrenta a la Carta Magna.

“No existe razón alguna que justifique la absoluta exclusión del Ministerio Público de la JEP y por el contrario se aprecia altamente inconveniente, pues la consolidación de la paz en el país demanda confianza ciudadana, adecuado blindaje jurídico y alta presencia institucional”, indicó el procurador.

Por ello “no se explica por qué la participación de la Procuraduría General de la Nación se dé en causas de la justicia ordinaria, en tanto en la JEP – de tanta trascendencia para el futuro de la sociedad – se le excluya, como si se tratase de un obstáculo. El Ministerio Público es garante de los derechos de las víctimas en los procesos en la guerra y en la paz”, añade.

Ante este hecho, el Procurador Carrillo “presentará al Congreso de la República y al Gobierno Nacional la solicitud para que se modifique este punto en el Acto Legislativo y se establezca la participación del Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados en los procesos que se sigan ante la JEP, conforme los desarrollos reglamentarios que sean menester y que impliquen la creación de una Procuraduría Delegada para la Paz y la Convivencia, de alta necesidad en el contexto institucional colombiano”.