La Procuraduría General de la Nación reiteró la urgencia de fortalecer la respuesta institucional que garantice una atención integral a las víctimas de violencia sexual, erradicando a su vez cualquier forma de revictimización durante los procesos de atención y judicialización.

La advertencia del Ministerio Público se conoció en desarrollo del conversatorio "Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes en Colombia: Nuevas Dinámicas y Desafíos para la Justicia y la Protección Integral", organizado por la Corte Suprema de Justicia.

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En medio de su intervención,  la Procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, María Fernanda Rangel Esparza, sostuvo que  la violencia sexual contra esta población vulnerable demanda el  establecer una resolución estatal rigurosamente centrada en las víctimas, la cual evite su revictimización a lo largo de las actuaciones judiciales y asegure la protección de su dignidad humana.

Además, advirtió sobre las constantes fallas al momento de activarse de manera  oportuna de las rutas de atención, sumado a las marcadas debilidades en la articulación entre las distintas entidades territoriales e institucionales. Siendo estos factores generadores de retrasos en el avance de las investigaciones, dificultando el acceso equitativo a la justicia y limitando la aplicación efectiva de las políticas de prevención y protección en las distintas regiones del país.

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De igual manera, el Procurador Delegado para el Ministerio Público en Asuntos Penales, Oscar Iván Hernández Salazar,  hizo énfasis en que el accionar del sistema de justicia debe garantizar investigaciones oportunas, diligentes y estructuradas bajo un enfoque de protección, cerrándole el paso a cualquier manifestación de revictimización de los menores de edad.

En ese sentido, el delegado indicó que el Ministerio Público contempla la continuidad del ejercicio de sus funciones de seguimiento, control y vigilancia preventiva con el objetivo que los procesos penales salvaguarden los derechos de todos los intervinientes, sean respetadas las garantías del debido proceso, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y permitiendo la imposición de sanciones ejemplares a los responsables.

Finalmente, Hernández Salazar anunció formalmente durante el encuentro la construcción de una matriz de intervención concebida para casos de  menores de edad víctimas de delitos sexuales.

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