En el marco de la tercera mesa técnica instalada por la Corte Constitucional con el fin de  examinar el proyecto de marco tarifario del servicio público de aseo —iniciativa que se encuentra a cargo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)—, la Procuraduría General de la Nación llevó a cabo la socialización del seguimiento preventivo que adelanta para garantizar la protección integral de los derechos de la población recicladora en el país.

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Durante la jornada convocada por el alto tribunal, la vocería del órgano de control estuvo a cargo de la Procuraduría Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial y de la Procuraduría Segunda Delegada Preventiva para la Vigilancia de la Función Pública.

Según las dependencias, la actuación preventiva del Ministerio Público se ha estructurado y ejecutado en relación a dos ejes fundamentales, siendo el primer eje el de garantizar que la nueva regulación tarifaria incorpore de manera efectiva las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la histórica Sentencia T-724 de 2003, buscando así  asegurar la permanencia, estabilidad y fortalecimiento de las acciones afirmativas dirigidas a los recicladores de oficio, reiterando su condición de sujetos de especial protección constitucional dentro del esquema de gestión de residuos.

Por otro lado, el segundo eje, el cual se enfoca en verificar que la nueva metodología tarifaria diseñada por la CRA impacte de forma positiva en la operación del servicio público; contribuyendo al fortalecimiento de la continuidad, calidad, cobertura, eficiencia y la sostenibilidad de este mismo en todo el territorio nacional.

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