La Contraloría determinó seis hallazgos administrativos, cuatro de ellos con presunta incidencia fiscal por un total de $21.709 millones, tras llevar a cabo una Actuación Especial de Fiscalización al contrato de construcción y adecuación de la unidad recreo deportiva en Tierralta, Córdoba.

El ejercicio auditor configuró una observancia administrativa con incidencia disciplinaria, fiscal y penal por valor de $3.041 millones, dada la ausencia de soportes que precisaran los pagos hechos por conceptos de administración, es decir, salarios de personal y gastos operacionales, e imprevistos, determinando deficiencias en las tareas de interventoría y supervisión que constituyen riesgos de ineficiencia en la inversión estatal. 

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El segundo hallazgo, cuantificado en $4.837 millones, corresponde al manejo del anticipo del contrato de obra, equivalente al 30 % del valor inicial. La Contraloría estableció que no se contó con soportes suficientes que permitieran verificar la ejecución o legalización del valor entregado, exponiendo falencias en el control de las obligaciones contractuales. 

Por otra parte, se configuró un presunto detrimento fiscal por $7.634 millones, monto equivalente a la adición hecha al contrato de la Unidad Recreo Deportiva, cuyo valor ascendía a los $15.269 millones y en el que no se comprobó evidencia concluyente de los productos contratados por parte del municipio, determinando falta de control y supervisión del ente ejecutor. 

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De hecho, la Tesorería Municipal no presentó un certificado de egreso que respaldara los pagos realizados a las cuentas de cobro referentes a la adición.

A su vez, se estableció un presunto daño fiscal por $6.196 millones, tras identificar patologías estructurales y superficiales en los escenarios deportivos, además de riesgos de afectación a la seguridad de los usuarios por pérdida de funcionalidad y durabilidad de las obras y, por lo tanto, incumplimiento parcial del objeto contractual y los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.