A través de la tutela se solicitó dejar sin efecto la decisión proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y que en su lugar quede en firme la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena).

La Procuraduría General de la Nación presentó acción de tutela a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la tragedia de Fundación (Magdalena), en la cual 32 niños  y un adulto fallecieron en el incendio de una buseta en mayo del 2014.

Según la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, se vulneró el derecho fundamental al debido proceso por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el cual revocó el 9 de diciembre del 2015 la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga y aprobó el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y los dos imputados en el caso.

La vulneración al debido proceso se presentó debido a que ya no era viable aceptar el preacuerdo. De acuerdo al análisis del Ministerio Público, éste presentó un cambio en el modo del delito, variando la calificación de homicidio simple con dolo a homicidio culposo, disminuyendo así la gravedad del hecho.

Según la Procuraduría General de la Nación, dicha variación “no era procedente al no cumplir respecto de las conductas punibles la condición de ser tipos relacionados” y tampoco se explica en el acta del preacuerdo cómo se realizó el cambio, ni los fundamentos fácticos ni jurídicos que lo permitieron.

Además, no hay evidencia de que los elementos materiales de prueba hayan cambiado trascendentalmente de manera que se tuviera que adecuar la conducta a otro tipo penal. La Procuraduría General de la Nación señala que sí se observa en el acta del preacuerdo que su propósito, abiertamente manifestado por la Fiscalía en el momento de variar el delito, es la disminución de la pena.

En su momento, los representantes de las víctimas solicitaron que se improbara dicho preacuerdo ya que no se tuvo en cuenta a sus representados ni sus derechos en el momento de su realización.

Con esta acción, la Procuraduría General de la Nación busca preservar la legalidad en la imputación jurídica y que se acierte en la calificación del delito que afectó a las 32 familias de las víctimas.