La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Nayid Abú Fager Sáenz, por presuntas irregularidades administrativas.

"El Ministerio Público busca determinar si Fager Sáenz pudo incurrir en falta disciplinaria, al presuntamente haber actuado con irrespeto, y obstaculizado la gestión, labores y actividades de los funcionarios y contratistas de los diferentes grupos de trabajo de la dependencia bajo su cargo", indicó la entidad en un comunicado.

Según reveló recientemente El Espectador, "el ambiente laboral se puso tenso desde que Fager hizo un comentario que no cayó bien entre los trabajadores. “Apenas llegó nos dijo: ‘Ahora sí llegó la legalidad’, como si antes no hubiésemos actuado dentro de la ley”, relató uno de sus subordinados. Más adelante, se empezaron a ver trabajadoras llorando tras salir de la oficina de Fager".

"Una de las trabajadoras contó que, tras una discusión con Fager por la entrega de unos papeles, él la trató de incompetente y le expresó que era “persona no grata”. Por sugerencia de uno de sus asesores, en adelante evitó estar a la vista del jefe. “Les rompe papeles a compañeros en la cara, les retiene documentos arrebatándoselos, los descalifica y les dice que no sirven para nada, nos trata con lenguaje humillante, nos obliga a repetir oficios y nos hace firmar porque él no lo hace, ni siquiera las tutelas (…) la especialidad de su maltrato son las mujeres”, escribió el diario capitalino

"La mayoría de quejas apuntan a que uno de los temas críticos es el trabajo por la población LGBT, pues se dice que Fager quiere engavetar la política pública LGBT y frenar cualquier asunto relacionado con esta comunidad", indican los denunciantes a El Espectador.

Por esta queja que llegó a Control Interno del Ministerio, el ente de control compulsó copias a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, para que desde la función preventiva se adelanten las acciones necesarias para determinar lo relacionado con posibles actos constitutivos de detención, freno o entorpecimiento de la política pública dirigida a la promoción y protección de los derechos de la comunidad LGBTI.

Así mismo, ordenó remitir copias al Comité de Convivencia Laboral o el que haga sus veces en el Ministerio del Interior, para que se investigue si existió acoso laboral.
 
La Procuraduría General decretó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas y determinar si son constitutivas de falta disciplinaria. El investigado podrá ser escuchado en versión libre.