Ante el panorama que afronta el país respecto a la generación y abastecimiento de energía eléctrica por cuenta del Fenómeno de El Niño, la Defensoría del Pueblo volvió a pedir explicaciones al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes en esta materia sobre el uso de los dineros recaudados a través del cargo por confiabilidad que se cobra directamente a los usuarios. 

El organismo de control para los derechos humanos en Colombia, recuerda que cuando se plantearon algunos cuestionamientos en este sentido, se dijo que dichos recursos tenían como finalidad garantizar la sostenibilidad del sistema en épocas de sequía, sumado ello a un diagnóstico de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el que aseguraba que las termoeléctricas estaban en condiciones aptas para su operación. 

Sin embargo, llama la atención que además del riesgo actual respecto a un posible racionamiento, el cual ha sido descartado en principio por el Ministerio de Minas, se estén presentando fallas en las generadoras, y ahora se acuda a la compra de energía desde Ecuador. 

Vale la pena señalar que adicionalmente XM, administradora del recurso energético en el país, advirtió que entre finales de marzo y comienzos de mayo existe una alta probabilidad de tener al menos 12 días con una hora de reserva de potencia cero en el sistema, específicamente en las horas de mayor demanda, lo cual se traduce en un posible racionamiento en esos horarios. 

En virtud de esta situación, la Defensoría volvió a solicitar explicaciones respecto al uso de estos ingresos, la situación real de las generadoras (teniendo en cuenta los problemas técnicos en algunas de ellas y la próxima entrada en mantenimiento de otras), así como un plan de contingencia estructural que no le traslade a los usuarios la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica. 

La Defensoría del Pueblo tiene claro que en las actuales circunstancias, es menester que todos los colombianos tomen conciencia sobre el cuidado y uso racional del agua y la energía, pero también es claro que a partir de los argumentos expuestos a finales del año pasado y de la situación de las generadoras, esa responsabilidad es ante todo del Estado por mandato constitucional, y de los operadores que a través de mecanismos como el cargo por confiabilidad deben asegurar la prestación ininterrumpida del servicio.