La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra los presidentes Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, sus antecesores, y ocho vicepresidentes de las dos entidades; por los hechos relacionados con la emergencia ambiental y social ocurrida el pasado 2 de marzo, por la emanación de crudo en el campo Lizama Profundo - Pozo 158, ubicado en el corregimiento La Fortuna, municipio de Barrancabermeja, Santander.

La decisión afecta al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, y su antecesor Juan Carlos Echeverry Garzón, a quienes se les investiga por presunto incumplimiento de sus deberes legales, reglamentarios y funcionales relacionados con la normatividad, política y programas de abandono técnico de pozos en los campos que hacen parte de los convenios con la ANH para la explotación de hidrocarburos en ‘Lizama - Nutría’ y ‘Magdalena Medio’.

La Procuraduría, como medida cautelar, ordenó la suspensión por tres meses de los vicepresidentes de Ecopetrol Héctor Manosalva Rojas, de Desarrollo y Producción; Ricardo Ernesto Coral Lucero, de la Regional Central, y el Gerente de Operaciones de Desarrollo y Producción de Mares, Oscar Ferney Rincón Silva, quienes no habrían dado desarrollo a las políticas que se deben poner en marcha cuando se abandona técnicamente un pozo.

El Ministerio Público también abrió investigación disciplinaria contra Orlando Velandia Sepúlveda y Mauricio de la Mora, presidente y expresidente de la ANH, respectivamente, y otros seis directivos de la entidad, por una posible omisión en el cumplimiento de sus funciones frente a la emergencia ecológica, ambiental y social causada por la emanación del crudo.

Los funcionarios de la ANH cobijados con la decisión son Jorge Alirio Ortiz y Arnoldo Morales Delgado, quienes ocuparon en distintas fechas la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, y Nicolás Zapata Tobón, Alexandra Lozano, María Carolina Durán Chacón y Omar Mejía Tette, en calidad de vicepresidentes de Contratos de Hidrocarburos.

La Procuraduría avanza, simultáneamente, en las indagaciones contra servidores por establecer de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, y la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, por presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones frente a la emergencia ambiental presentada el pasado 2 de marzo en Barrancabermeja.