Tras las palabras del Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de enviar 1.500 presos colombianos de regreso al país, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno Colombiano que se garanticen los derechos humanos fundamentales a estas personas.

"Frente al anuncio del gobierno de Ecuador sobre la posible expulsión de nacionales condenados en ese país, hago un llamado al gobierno de Colombia y en particular a las autoridades migratorias para que se concerte con el vecino país el mecanismo jurídico de ingreso de dichas personas a territorio nacional y se garantice el respeto del debido proceso de cada uno de ellos frente a su situación jurídica”, señaló el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis.

La entidad indicó que esta expulsión masiva puede generar un impacto negativo en la frontera colombo-ecuatoriana. 

"Es necesario que se establezca un plan de choque como preparación del país en caso de que deba recibirse a las personas privadas de la libertad, dado que se trataría de una situación excepcional debido a la crisis de seguridad por la que atraviesa el vecino País", agregó Camargo Assis.

Actualmente en Colombia existen 125 establecimientos de reclusión con 101.646 ciudadanos cumpliendo sus penas y un hacinamiento del 24.3%.