La Empresa Departamental de Servicios Públicos de La Guajira (Esepgua S.A. E.S.P.) instauró queja formal en contra de la Alcaldía de Albania y su alcaldesa Nera Robles, tras no suscribir el Plan de Acción Municipal para proyectos de acueducto y saneamiento básico en el territorio.

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La compañía pidió a la Procuraduría General de la Nación iniciar actuaciones disciplinarias en contra de la mandataria por su “omisión en el cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales”.

“Los Planes de Acción Municipales son herramientas técnicas y de planificación que permiten a los entes territoriales priorizar sus necesidades en materia de agua potable y saneamiento básico, establecer metas claras de cobertura, calidad y continuidad, y coordinar con el Gestor del PDA la estructuración, viabilización y ejecución de proyectos que garanticen el acceso efectivo a estos servicios esenciales”, explicó la empresa.

Aseguró que este convenio es “determinante” para la articulación entre los diferentes niveles de gobierno y para la canalización “efectiva” de los recursos públicos.

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Esepgua manifestó que como gestor debe actualizar anualmente el Plan Estratégico de Inversiones (PEI), conforme a los Planes de Acciones Municipales debidamente diligenciados por los municipios.

En ausencia de este insumo, sostuvo que la ejecución de recursos y la formulación de proyectos se ve “legalmente obstaculizada, afectando directamente a las comunidades que esperan soluciones a necesidades vitales”.

Precisó que a pesar de los requerimientos formales hechos y las mesas de trabajo adelantadas, la alcaldesa de Albania ha “omitido” la suscripción del documento de manera “reiterada”.

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En ese sentido, pidió al Ministerio Público interceder e iniciar actuaciones disciplinarias contra la mandataria guajira, así como también requerir a la administración municipal para que en el más breve plazo suscriba el Plan de Acción Municipal.

“Esto permitirá la formulación, gestión y ejecución de proyectos del sector de agua y saneamiento en beneficio de la población”, afirmó la empresa de servicios públicos.

Por último, solicitó a la Procuraduría adoptar cualquier otra medida preventiva o correctiva que considere pertinente “en aras de proteger los intereses colectivos y el goce efectivo de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas”.