La Corte Penal Internacional (CPI) debe incluir en su examen preliminar de Colombia la muerte de 180 indígenas que fueron asesinados presuntamente por el Ejército y grupos paramilitares entre 2002 y 2009, dijo este lunes la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) en un informe.

“Tenemos casos de asesinatos cometidos por los paramilitares que se hicieron con la tolerancia, aquiescencia y, en algunos casos, apoyo de las fuerzas militares que estaban en la zona”, afirmó a Efe la directora para las Américas de la FIDH, Jimena Reyes.

Los ejecutados eran integrantes de los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia, y hasta 134 habrían sido víctimas de grupos paramilitares y 46 del Ejército regular, según los datos recopilados por la FIDH.

El informe entregado a la CPI hace hincapié en los 'falsos positivos', es decir, civiles asesinados a los que vestían como guerrilleros para hacerlos pasar por bajas en combate. En algunos casos, “los paramilitares dieron los cuerpos a los militares para que los vistieran de guerrilleros”, explicó Reyes.

El documento relata un patrón operacional en el que militares y paramilitares montaban retenes en las carreteras y obligaban a bajar de los vehículos a los civiles, a los que despojaban de sus documentos de identidad. “Normalmente las víctimas fueron asesinadas de manera inmediata", dijo.

Sin embargo, en algunos casos fueron llevadas "a otros lugares, en los que, sin testigos, fueron privadas de la vida”, señala el documento de la FIDH.

Las evidencias del informe se basan en relatos de las comunidades indígenas, recopilados por la propia ONG, en fuentes abiertas y en autos judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional creado en el marco del acuerdo de paz de 2016 para procesar los crímenes cometidos por paramilitares, guerrilleros y el Ejército.

La directora para las Américas de la FIDH teme que los 134 asesinatos de los paramilitares señalados en el dossier queden impunes porque una buena parte de los líderes de estos grupos fueron extraditados a Estados Unidos entre 2008 y 2009 para ser juzgados por narcotráfico.

“No ha habido justicia por los crímenes cometidos contra las víctimas” de origen indígena porque “en la mayoría de casos no ha habido ni condena ni investigaciones avanzadas”, indicó Reyes.

El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, se encuentra esta semana de visita en Colombia con motivo del examen preliminar abierto a este país en 2004 por crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.

La Oficina de la Fiscalía del tribunal internacional anunció el pasado junio que ha establecido indicadores específicos para evaluar si la situación colombiana pasa a la fase de investigación o si, por el contrario, se cierra de forma definitiva.

La CPI es un tribunal de último recurso, es decir, no interviene si la Justicia nacional lleva a cabo pesquisas fehacientes sobre los hechos investigados.

“Nos preocupa sentir que hay algunas presiones para que se cierre el examen preliminar de la CPI”, indicó Reyes, porque “la JEP ha decidido enfocarse primero en los mandos bajos” y “todavía hay un largo camino antes de que sean enjuiciados y sancionados los más altos mandos”, apuntó.

Más allá de los crímenes señalados en el informe hecho público hoy, “los fenómenos de violencia están tristemente volviendo a surgir” en las regiones habitadas por indígenas en Colombia, aseguró la directora para las Américas de la FIDH.

Según datos de la ONG, 262 líderes indígenas han sido asesinados desde los acuerdos de paz de 2016 firmados en La Habana.

“Las comunidades indígenas están siendo apartadas por su localización geográfica”, ya que “están en el medio de enfrentamientos territoriales por minas ilegales o por temas de narcotráfico”, indicó Reyes.

EFE