Ante la alarmante y constante violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) que padece Arauca, la Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades locales, departamentales y nacionales tomar medidas contundentes que permitan preservar la vida e integridad de las comunidades afectadas.
 
De manera particular, la entidad evidencia constantes vulneraciones a causa del accionar de grupos armados ilegales en 14 veredas y tres resguardos indígenas de Tame (pueblos Sikuani-Makaguan y Uwa), en 21 veredas y tres resguardos indígenas de Arauquita (pueblo Hitnü), así como en nueve veredas de Puerto Rondón, donde cada vez se agudiza más el conflicto armado.
 
“Hacemos un llamado a fortalecer la respuesta institucional e implementar acciones que garanticen la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, promoviendo un entorno de respeto a la población, con seguridad y justicia”, declara la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
 
La disputa territorial que se vive en el departamento entre el ELN (Frente de Guerra Oriental) y facciones disidentes de las Farc (afines a 'Iván Mordisco') vulnera los derechos de las comunidades. Además, ha sido evidenciado un aumento desmesurado de sus acciones desde junio pasado.

Homicidios, riesgos para la comunidad educativa y pérdida de bienes
 
En Tame, Arauquita y Puerto Rondón son reportados constantemente homicidios selectivos, especialmente contra lideresas y líderes sociales y miembros de juntas de acción comunal. Este año han sido asesinadas 143 personas, de los cuales 18 eran líderes sociales y ocho mujeres. Los más recientes casos fueron los de dos mujeres jóvenes en el corregimiento La Esmeralda, una mujer en el sitio conocido como El Troncal, Arauquita, y el líder social Alveiro Caicedo, quien había sido presidente de ASOJUNTAS de Tame y hacía parte de la Red de Defensores-as de Derechos Humanos de Arauca.
 
Las amenazas sistemáticas y los riesgos derivados de la confrontación armada han puesto en riesgo permanente a los entornos educativos. Cuando profesores y niñas, niños y adolescentes se han desplazado desde sus casas hasta las escuelas, en algunas ocasiones han quedado en medio de los combates, entonces, no solamente sus vidas han corrido peligro, también sus derechos a educar y a la educación han sido vulnerados.
 
En los tres municipios obligan a las víctimas, entre las que hay líderes comunales, a abandonar sus bienes y proyectos productivos, financiados vía créditos. En los territorios, las cosechas se están perdiendo y los campesinos han tenido que abandonar sus tierras.
 
Desplazamientos y confinamientos
 
El desplazamiento, el secuestro, las amenazas y los hostigamientos se hacen frecuentes en el departamento. La Defensoría del Pueblo ha conocido de al menos 132 familias (412 personas) desplazadas en lo que va del 2024. También existe un subregistro de las familias que han huido, pero por temor no han declarado lo ocurrido. Además, 38 comunidades campesinas e indígenas han sido sometidas a confinamiento, lo que ha comprometido a 2044 familias (unas 6.141 personas).
 
A lo anterior se suma el desplazamiento masivo de por lo menos 50 personas (19 familias) desde la vereda Agua Blanca, del municipio de Tame, hasta el municipio de Sácama, en Casanare, luego de cruentos combates entre los grupos insurgentes, que habrían dejado como saldo la muerte de un número alto de combatientes y la toma de rehenes.