La Procuraduría realizó una mesa de diálogo para acordar medidas concretas para evitar la suspensión o terminación anticipada del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el país.

Esto ante los riesgos de financiación advertidos por el Ministerio Público, que podrían afectar a 3 millones y medio de niños y niñas en el país.

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En la mesa de trabajo a la que asistieron el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA), el ente de control expresó su preocupación por la ausencia de claridad y articulación entre las entidades relacionadas para atender su corresponsabilidad frente al PAE y fortalecer las medidas para evitar las posibles afectaciones. 

El DNP se comprometió a evaluar la posibilidad de acelerar la revisión, aprobación y viabilidad de los proyectos de regalías que fueron solicitados como fuente de financiación del PAE.

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A través del Comité Especial de Seguimiento al PAE de la Procuraduría, se seguirán realizando acciones de vigilancia que permitan individualizar las presuntas faltas de 14 entidades que se encuentran con el servicio suspendido o en riesgo alto  e suspensión, así como aquellos que disminuyeron la asignación de recursos propios para cofinanciación o que no hicieron un aumento real.